13 de febrero de 2010
El Nuevo Herald
Ex reguladores contratados por Toyota Motor Corp. ayudaron a poner fin a cuatro investigaciones del gobierno federal sobre la aceleración involuntaria de vehículos de la compañía en el último decenio, evitando así posibles retiros del mercado, según expedientes judiciales y gubernamentales. Christopher Tinto, subdirector general de asuntos de regulación en la oficina de Toyota en Washington, y Christopher Santucci, subalterno de Tinto, ayudaron a persuadir a la Administración Nacional de Seguridad en las Carreteras (NHTSA) a que concluyeran las pesquisas, entre ellas de los modelos Camry y Solara de los años 2002-2003 de Toyota, según documentos judiciales obtenidos por Bloomberg. Ambos fueron contratados por Toyota directamente de la NHTSA: Tinto en 1994 y Santucci en el 2003. Mientras todas las automotrices tienen empleados que se encargan de asuntos de la NHTSA, Toyota quizá sea la única entre las compañías grandes que emplea ex miembros del organismo para tales fines. Portavoces de General Motors Co., Ford Motor Co., Chrysler Group LLC y Honda Motor Co. afirmaron que no tienen ex empleados de la NHTSA que traten con el organismo en materia de defectos. Los posibles vínculos entre Toyota y la NHTSA pueden atizar las crecientes críticas sobre su respuesta ante defectos en modelos de Toyota y Lexus vinculados con 19 muertes entre el 2004 y el 2009. Tres comisiones legislativas han programado audiencias sobre los llamados a reparaciones. "Toyota engatusó a la NHTSA o la NHTSA se engatusó a sí misma', afirmó Joan Claybrook, activista de seguridad automovilística y ex administradora de la NHTSA durante la presidencia de Jimmy Carter. "Creo que va a haber mucha presión sobre la NHTSA por esto'. Los masivos llamados a revisión de los carros de Toyota Motor Corp. debido a los problemas de frenos y aceleración están creando una enorme responsabilidad legal para la compañía, y los dueños de Toyotas pudieran tener que compartir el dolor, publicó el viernes Los Angeles Times. El fabricante japonés afronta decenas de demandas por lesiones y muertes atribuidas a problemas de seguridad y se esperan muchas más demandas. Abogados y expertos legales han dicho que los juicios pudieran ser particularmente costosos para el fabricante, si los demandantes pueden demuestrar que Toyota estaba consciente de los problemas pero no los corrigió. "Esto podría ser el mayor caso de responsabilidad legal en la industria automotriz', indicó Richard Cupp, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Pepperdine, en el sur de California. Los dueños de Toyotas también enfrentan parte de los problemas por las revisiones. Puede que tengan que pagar una parte de los daños resultantes de un accidente provocado por un defecto de seguridad conocido que no arreglaron rápidamente, indicó Marshall Shapo, quien enseña sobre leyes de responsabilidad legal de productos en la Universidad Northwestern. El súbito descenso en el valor de reventa de los carros Toyota y Lexus también pudiera hacer que las aseguradores reduzcan lo que tendrían que pagar cuando un Toyota se destruye en un accidente. Pero la mayor responsabilidad legal será de Toyota, que declinó hablar de los casos pendientes. Los gastos legales y daños producto de los defectos de seguridad pudieran añadir miles de millones de dólares más a los $2,000 millones que Toyota ha dicho que perdería en reparaciones y ventas perdidas. Eso fue antes del llamado mundial a revisión de los 437,000 Prius y Lexus híbridos de esta semana. Desde el otoño, Toyota ha hecho 10 millones de llamados a revisión por problemas relacionados con aceleración súbita. Alrededor de dos millones de vehículos han sido objeto de más de una revisión. Ayer el fabricante de autos informó que retirará 8,000 de sus camionetas Tacoma debido a problemas de transmisión, afirmó el viernes un portavoz del fabricante japonés a la Agence France Presse. La NHTSA recibió el viernes una notificación de retiro de "8,000 camionetas Tacoma a causa de un sistema de transmisión defectuoso construido por Dana Corporation entre diciembre y principios de febrero', informó un funcionario del gobierno federal. Por su parte, Tim Howard, profesor de derecho de la Universidad Northeastern, quien encabeza un equipo de 22 bufetes en 16 estados que procura una demanda colectiva en busca de compensación por el valor perdido de los Toyotas, dijo que la demanda pudiera rivalizar con el juicio del tabaco por su complejidad. Todas las demandas pudieran terminar ante un solo juez federal, quizás en Los Angeles, porque la operación de ventas de Toyota en EEUU está en Torrance, afirmó Howard. La cantidad de demandas por responsabilidad legal relacionadas con automovilistas lesionados o que perecieron en accidentes por culpa de vehículos con defectos podría incluso ser peor para Toyota, declaró Cupp. "Toyota tendrá que enfrentarse a jurados que ya han escuchado cosas malas sobre Toyota, y en algunos casos, la propia Toyota ha reconocido cosas malas sobre la empresa. Va a correr la sangre', declaró Cupp. Por ejemplo, las contradictorias declaraciones de la automotriz sobre la aceleración repentina no han hecho más que aumentar las dudas sobre si la empresa conoce la causa exacta de los defectos, dijo esta semana al Times el representante Henry A. Waxman, demócrata por California, y presidente de la comisión de la Cámara que investiga al fabricante de autos. Para poner en contexto el riesgo que enfrenta Toyota, basta con considerar un veredicto de $368 millones contra Ford Motor Co., que fue responsabilizada del accidente de un Ford Explorer en el que una mujer de San Diego quedó cuadrapléjica en el 2002. Tras una apelación, el veredicto se redujo a $82 millones, y en noviembre el Tribunal Supremo se negó a reducir los daños. La responsabilidad legal de Toyota podría sobrepasar la que Ford debió enfrentar en el caso del accidente del Explorer, indicó Mardirossian. "Podría ser incluso mayor debido al número de vehículos. La de Ford era sólo un modelo. En este caso, se trata de muchísimos vehículos'. David Owen, profesor de Leyes de la Universidad de Carolina del Sur, estimó que el litigio en los próximos meses podría afectar a Toyota durante dos o tres años. Owen cree que la exposición de la compañía a la demanda colectiva es poco probable que exceda los $1,000 millones, lo cual sería una cifra que el mayor fabricante de automóviles del mundo podría enfrentar. La empresa informó que tuvo más de $200,000 millones en ventas mundiales para el año fiscal que terminó en marzo del 2009.
