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  Por el libro
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10 de febrero de 2010

Primera Hora

Un Goliat en apuros.

Cuatro ciudadanos reclamaron la representación de 1,800,000 propietarios de vehículos de motor en Puerto Rico para exigir que la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC) y las 10 aseguradoras que la integran les devuelvan más de $200 millones del seguro obligatorio que habrían sido cobrados en exceso entre 1998 y 2008.

En una demanda que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan debe decidir si certifica como un pleito de clase, los demandantes imputan a la ASC el cobro excesivo de un 12% por concepto de la prima de $99 en el caso de los automóviles y de $148 en el de los vehículos comerciales.

* Lee la demanda completa

"[...] El Código de Seguros prohíbe cobrar como prima ninguna cantidad que no sea realmente gastada... Los demandados incumplieron con el mandato expreso de la ley, y en el proceso se lucraron con cientos de millones de dólares que debieron haber devuelto a los consumidores demandantes de todo Puerto Rico por disposición expresa de ley", dice la demanda.

El documento legal argumenta dos causas de acción de la clase: culpa o negligencia en el cumplimiento de las obligaciones legales de la ASC y enriquecimiento injusto.

"El no devolver el 8% por prima uniforme y no incurrir en un 4% de gasto administrativo por expedición de póliza del seguro de responsabilidad obligatorio... constituye patente violación a la disposición del artículo 27.160 del Código de Seguros contra el tráfico ilegal de primas. También constituye un acto con culpa o negligencia de conformidad con el artículo 1802 del Código Civil y su jurisprudencia, por lo cual responden las demandadas a la clase", agrega la demanda.

El 8% reclamado es el que se cobra para comisiones de los productores de seguros, pero los demandantes alegan que los demandados no los utilizan y, por tanto, no pagan comisión.

Mientras tanto, el "gasto administrativo no incurrido" cuya devolución reclaman los demandantes asciende a $80,304,915.

Sobre el enriquecimiento injusto alegado, la demanda sostiene que "la actuación ilegal y monopolística de las demandadas ha producido un enriquecimiento injusto lo cual se valora razonablemente en la suma de $113,350,609.54", dinero cuya devolución también se reclama, junto a una partida por daños más las costas del proceso y los honorarios para los abogados.

Los demandantes, representados por los bufetes álvaro R. Calderón, Jr., y Fortuño & Fortuño Fas, son María Margarita Collazo Burgos, de Bayamón; Mariano Hernández Bernard, de Vega Alta, e Iris Yolanda Negrón Cintrón y ángeles Herrero Cintrón, ambas de San Juan.

El abogado Juan Carlos Fortuño Fas destacó a este diario que "el comisionado de Seguros tiene aprobado una distribución de dólar-prima que ni la Asociación ni las aseguradoras han cumplido".

Sobre el particular, el licenciado Calderón explicó a Primera Hora que en la prima que autorizó el comisionado de Seguros había una partida de 8% "para cubrir costos de adquisición —comisiones que se le deben pagar a los corredores y agentes", porcentaje que se está pidiendo que se devuelva a los consumidores porque "nunca se ha usado".

Igualmente, explicó que en el renglón del gasto administrativo autorizado hay una partida de 4% para el "costo administrativo de expedición de pólizas", pero "ni la Asociación ni las aseguradoras expiden pólizas como tal".

"Cada año se enriquecen en forma multimillonaria con esa prima excesiva que han cobrado. Se la reparten en dividendos entre las aseguradoras privadas que, según la ley, se supone que expidieran las pólizas privadas", expresó Calderón. Apuntó que la ASC era "sólo para emitir las cubiertas residuales para las personas que no cualificaban... En la práctica no ha sido así".

Fortuño Fas, en tanto, explicó que "una aseguradora residual, como es la Asociación (ASC), no tiene un tipo de ganancia millonaria, usualmente pierde dinero. Esta bonanza ni siquiera se vislumbró cuando el legislador creó el Seguro de Responsabilidad Obligatorio y la Asociación".

Esta demanda fue radicada el 28 de enero. El caso fue asignado a la jueza Iris Cancio González, informó Fortuño Fas.

"Ya se emplazaron todos los demandados. Están todos notificados", precisó, por su parte, Calderón.