20 de enero de 2010
Primera Hora
¿Justicia social u oportunismo político? ésa es la interrogante que parece arrojar una sombra sobre el nuevo programa del Gobierno que implanta tarifas fijas de agua y luz para los residentes de los residenciales públicos. Mientras funcionarios y políticos novoprogresistas discuten los beneficios de la medida ante el alto nivel de morosidad en los pagos en los complejos públicos de vivienda, detractores de la ley consideran que la iniciativa discrimina contra comunidades mucho más pobres que tienen que pagar los servicios tal y como se los facturan las corporaciones públicas. Otro punto altamente contencioso de la medida gira en torno al gasto que supone un límite irrestricto de los servicios en momentos en que la clase media recibe el golpe de los despidos públicos y tiene que enfrentar un alto nivel de desempleo y un recorte significativo en su poder adquisitivo. Las críticas por parte de la minoría política tampoco se hicieron esperar. El senador popular Alejandro García Padilla arremetió contra el Gobernador al señalar que aprobó la medida para implantar las tarifas fijas mientras vetaba otra que otorgaba beneficios a todos los abonados que paguen a tiempo sus facturas. "Lo que necesitan las personas con menos recursos es que los ayudemos a obtener trabajo, que los ayudemos a salir adelante, no que continuemos la nefasta práctica de dar beneficios a un sector a costa de otro", indicó. Pero como una manera de retar el programa del Gobernador, la delegación popular pretende radicar una resolución para que el beneficio se extienda a todas las familias bajo el nivel de pobreza del país. La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) estima que duplicará sus ingresos con la medida, de unos $17 millones a $32 millones, ya que contará con un nuevo mecanismo de cobro que podría provocar el desahucio del residente por falta de pago. La misma disposición se establecía en los contratos anuales de renovación de arrendamiento de los residentes, pero casi nunca se hizo valer durante los pasados ocho años. "Hay una probabilidad bien alta de cobro" , previó el director ejecutivo de la AEE, Miguel Cordero, quien opinó que el consumo del servicio no se alterará por la nueva tarifa fija. No obstante, está por verse si la nueva ley provee unas garantías reales de cobro debido a que Vivienda iniciaría el proceso de desahucio solamente si el inquilino incumple con el pago de la factura o un plan de pago durante un periodo de tres meses. Los tribunales entonces tendrán que determinar si el desalojo de la vivienda procede. El uso ilimitado de los servicios también levanta dudas en torno al gasto que esto supone para el resto de la población que indirectamente costea los subsidios otorgados por la AEE a través del pago de su factura. Los residenciales públicos, a diferencia de las comunidades especiales, ya gozaban de dos tarifas especiales que reducían el costo de combustible de sus facturas, el cual representa el más oneroso del servicio, de un 10 a 45 por ciento. A pesar de todas las personas de bajos recursos que residen en los complejos públicos, un 58 por ciento de su población trabaja, según Vivienda. A diferencia del servicio eléctrico, los residentes no recibían un subsidio por el gasto de agua, pero el alza al servicio implantado por la administración de Aníbal Acevedo Vilá aparentemente redujo el despilfarro del servicio. La corporación pública había criticado duramente la utilización de piscinas inflables, el lavado de carros, entre otras conductas que fomentaban el despilfarro. Pero ahora la agencia dio un giro de 180 grados al asegurar que la medida podría reducir significativamente la incidencia de morosidad. "Queremos que las familias cumplan con unos gastos básicos. Aquí todos nos beneficiamos", indicó el director de Servicios al Cliente de la AAA, José A. Aguayo. La corporación estima que actualmente cobra apenas el 43 por ciento de las facturas de las 59,000 familias de los complejos públicos. Y aunque el propósito principal de las unidades de los residenciales, construidas y administradas con fondos federales, es proveer una vivienda temporera, el secretario de Vivienda Yesef Cordero Lebrón descartó que la medida perpetúe el "mantengo" o la alta dependencia en los servicios públicos del Estado. "éste es el sector más frágil y vulnerable" , dijo. Sin embargo, el profesor de derecho Carlos Díaz Olivo indicó que el uso ilimitado de la luz y agua les hace un desfavor a los inquilinos y es una afrenta al resto de la población y a los recursos naturales. "Le falta el respeto a todo el mundo", dijo. Portavoces de residenciales, como la secretaria de un consejo de residentes de Lloréns Torres, mostraron cautela al asegurar que la medida facilitará los desahucios. "¿Dónde en la Constitución dice que uno puede perder la vivienda por no pagar el agua y la luz? Quieren desalojar los residenciales", indicó.
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