12 de diciembre de 2009
El Vocero
SAN JUAN – Pese a que el robo de identidad se ha convertido en una modalidad delictiva que ha ido en aumento, al punto de que el gobernador Luis Fortuño firmó en octubre pasado una ley para ordenar al Departamento de Asuntos al Consumidor que oriente al público al respecto y que existe un estatuto que exige el establecimiento de controles, el Registro Demográfico no guarda las más mínimas normas de seguridad en lo que a la custodia de documentos se refiere. Así lo revela un informe emitido el viernes por la Oficina del Contralor, luego de una auditoría realizada al ente gubernamental adscrito al Departamento de Salud y que se encarga de custodiar la data de nacimientos, defunciones, matrimonios y otras certificaciones. "El examen de los controles administrativos e internos relacionados con el acceso al área donde están ubicados los terminales de expedición de los certificados reveló, que los terminales están ubicados en un área donde no se restringe el acceso al personal que labora en el Registro Demográfico ni a los visitantes. éstos están ubicados en un área abierta, desprovistos de puertas con acceso limitado o con códigos. Además, los empleados del Registro Demográfico no utilizan ni tienen identificaciones con fotos que permitan distinguirlos del público que los visita en dicha área", destaca el informe. La situación observada por los auditores de la Oficina del Contralor evidencia incumplimiento en la política pública que sostiene que las entidades gubernamentales deberán implantar controles que minimicen los riesgos de que la información sea accedida de forma no autorizada o maliciosa. Además, establece que el acceso a las facilidades de sistemas de información deberá estar controlado para que solamente el personal autorizado pueda utilizarlas. En Puerto Rico no existen estadísticas sobre la cantidad de casos de robo de identidad. Sin embargo se ha podido determinar a través de las agencias de reportes de crédito, que un alto índice de los perjudicados es puertorriqueño. Aproximadamente 10 millones de ciudadanos americanos fueron víctimas de robo de identidad en el año 2008, de acuerdo a cifras de la Comisión Federal de Comercio, entidad que estima en cerca de $5 mil el promedio que enfrenta en pérdidas cada individuo, además de otros $500 por el gasto incurrido en la reparación del crédito.
