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  Por el libro
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10 de noviembre de 2009

Ignacio García - Limón Auto

La Cámara de Representantes aprobó hoy la nueva versión de la Ley de Cumplimiento de Garantías de Vehículos de Motor, mejor conocida como la "ley limón. La medida pasa ahora a la consideración del Senado. Para Ignacio García, presidente de la organización sin fines de lucro www.limonauto.com , la nueva versión de la "ley limón" constituye una medida de avanzada que a su juicio recibirá el visto bueno del Senado.

"Estamos extremadamente complacidos con el hecho de que la Cámara y el Senado llegaran a un acuerdo para armonizar las diferencias que en su momento tuvieron sobre esta importantísima medida. Igualmente, el respaldo contundente que ha recibido la medida de parte del Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor nos ha ayudado sustancialmente", dijo García.

Según García, la nueva versión de la "ley limón" incorpora las nueve recomendaciones presentadas por la senadora Lornna Soto, presidenta de la Comisión senatorial de Asuntos del Consumidor, como condición para la aprobación de la medida.

Entre las recomendaciones del Senado que han sido incluidas en la nueva medida, figuran que se requiera sólo dos intervenciones por parte del fabricante o su gente de servicio autorizado para defectos de seguridad y que no se permita la confiscación del depósito o "pronto" pagado por un consumidor al adquirir un auto cuando el banco no aprueba el financiamiento.

También incluye que se establezcan métodos alternos para la disolución de disputas o reclamaciones, y que se establezca que las disposiciones de la ley se interpreten liberalmente a favor del consumidor.

La "ley limón" comenzó su proceso legislativo el cuatrienio pasado, cuando fue aprobada por Cámara y Senado, pero vetada por el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá.

La medida establece que se debe otorgar un carro nuevo o se debe reembolsar el dinero a un consumidor que haya tenido que llevar su auto nuevo a arreglar en cuatro o más ocasiones por el mismo problema.

Puerto Rico es la única jurisdicción estadounidense que no tiene una ley a esos fines.

"A pesar de que esto ha sido una batalla ardua que se ha extendido por más de 4 años, estamos confiados en que el resultado final será favorable para los consumidores puertorriqueños", puntualizó García.