5 de noviembre de 2009

El Nuevo Dia

Las acusaciones por fraude hipotecario reveladas el martes por las autoridades federales son las primeras de lo que se espera sea una oleada de casos por este tipo de fraude en la Isla.

Fuentes de El Nuevo Día aseguran que una buena parte de las acusaciones que la Fiscalía federal radicaría en los próximos meses son fruto de la labor de un grupo de trabajo interagencial, en el que se encuentran agencias federales como el Servicio de Rentas Internas y dependencias locales como el Departamento de Justicia y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).

Aunque no se ofrecieron detalles en torno a la etapa de las pesquisas, en la lista de investigaciones figura otro grupo de empresarios y oficiales hipotecarios que habrían conspirado para defraudar instituciones financieras utilizando el mecanismo de préstamos hipotecarios falsos.

Asimismo, las autoridades federales avanzan en la pesquisa relacionada con las operaciones de New York Mortgage Bankers (NYMB), la casa hipotecaria de Nancy Hernández Chávez, quien cumple una sentencia de cárcel por violar la ley estatal de instituciones hipotecarias.

De acuerdo con las fuentes, la pesquisa de los federales en el caso de NYMB, incluiría otros oficiales que trabajaron para la entidad. También está en curso otra investigación contra Beneficial Mortgage por una situación similar.

"Hay muchos casos que se están trabajando, pero es algo que toma tiempo", indicó el comisionado Alfredo Padilla, sin soltar prenda del rol que juega su oficina en el grupo interagencial. "Es posible que ese patrón pueda estar repetido en otros casos", agregó el funcionario haciendo referencia al ardid que supuestamente articuló el desarrollador Joseph P. McCloskey.

Según la Fiscalía federal, McCloskey conspiró con otras nueve personas para defraudar a varios bancos inflando el valor de las residencias que vendía y ofreciendo información financiera falsa sobre los compradores. Según los federales, el esquema les costó $14 millones a los bancos.

Contrario a otros casos que surgen como secuela de procesos administrativos por parte de la OCIF o los reguladores financieros federales, las fuentes aseguran que la pesquisa en torno a los negocios de McCloskey surgió de un Reporte de Actividad Sospechosa o SAR, por sus siglas en inglés.

El SAR es un informe que las instituciones financieras vienen obligadas a radicar cuando identifican la posibilidad de que se cometa un acto ilícito utilizando como telón de fondo el sistema financiero. Estos reportes incluyen desde la emisión de cheques sin fondos hasta sobornos o cuando un oficial bancario hace mal uso de su posición en una institución bancaria.

Durante los pasados años, en especial tras el fortalecimiento de las leyes vinculadas con lavado de dinero, la radicación de SAR ha ido en aumento en todo Estados Unidos. El fraude en préstamos hipotecarios es la cuarta actividad sospechosa que más se informa.

En el caso de Puerto Rico, datos del Departamento del Tesoro federal apuntan a que el número de SAR radicados por bancos comerciales en la Isla ha ido al alza. En el 2008, las instituciones depositantes radicaron 7,043 de estos reportes.

A preguntas de este diario en torno a las razones para la proliferación de actividades ilícitas, Padilla rechazó que sea un problema de reglamentación. "Las leyes que tenemos son de un rigor extraordinario y con mucho más visión, en su momento, que las vigentes en muchos otros estados de los Estados Unidos, pero necesitas un portero que vele porque sus sistemas funcionen", explicó Padilla, mientras indicaba que los eventos fraudulentos reportados tienen que verse en el contexto de un mercado con sobre $40,000 millones en hipotecas emitidas.

Hizo claro, empero, que sean de escala pequeña o grande, el rol de los reguladores será atacar con "el mayor rigor" las malas prácticas que acontecen en el sistema.