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  Por el libro
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2 de noviembre de 2009

El Vocero

El Senado tiene ante su consideración un proyecto que busca establecer como un delito usar Internet en contra del Estado o los ciudadanos. Entre otras restricciones, impone seis meses de cárcel o una multa de hasta $5,000 por obtener o divulgar información que se obtenga por medios electrónicos y que el Gobierno considere "confidencial y privilegiada".

Esta multa aplicaría a "toda persona que logre acceso fraudulentamente o ilegalmente a una computadora …(y) obtenga información que ha sido determinada por el Gobierno como confidencial y privilegiada y cuya divulgación no está autorizada por razones de orden público, seguridad o cualquier otra motivación, con la intención o razones para creer que tal información así obtenida será utilizada para hacerle daño al Gobierno".

De hecho, el proyecto establece que uno de los atenuantes que se considerarán a la hora de enjuiciar a los culpables de estos delitos será precisamente que no se divulgue la información.

La medida fue radicada por senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) incluyendo al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, Héctor Martínez, Carmelo Ríos y Norma Burgos.

El proyecto establece además que una persona que "atente contra la moral de otra persona con difamaciones, injurias, escritos o imágenes, fotomontajes por vía electrónica o a través de Internet" también incurriría en delito grave de cuarto grado. Los acusados en estos enfrentarían penas de hasta seis meses y multas de hasta $5,000.

"Constituirá un agravante el publicar escritos o imágenes reales pero que hayan sido obtenidos o captados de forma ilegal o hayan sido publicados sin la debida autorización de la parte interesada", reza la medida radicada el pasado miércoles.

Agrava las penas en el caso de que se use Internet para facilitar secuestros, violaciones, asesinatos u homicidios.

Tipifica también los robos por Internet y que se utilice este medio para vender mercancía robada.

"Cada día son más las quejas de consumidores y ciudadanos que son víctimas de algún delito perpetrado mediante el uso de Internet, mediante el uso de la información personal, médica, financiera o de cualquier otro tipo", reza la exposición de motivos del proyecto. "La falta de normas que regulen la utilización de manera impropia de este recurso deja a los consumidores vulnerables y desprotegidos frente a un sinnúmero de situaciones".