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Por el libro |
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8 de octubre de 2009
El Nuevo Dia
Un gran jurado federal emitió dos pliegos acusatorios contra un dúo de galenos y tres individuos por cometer fraude al plan de salud federal Medicare. En el primer pliego, fueron acusados el propietario de ambulancias Noel Vera Méndez y los doctores Juan C. Colón Quiñones y Luis F. Guzmán Ruiz por conspirar para cometer un fraude de $679,008.98 al plan de salud y solicitar y recibir remuneraciones ilegales relacionadas con el programa de Medicare. Mientras, en el segundo pliego acusatorio contra Gilberto Marrero Fuentes y Santos Agosto se sometieron cargos de conspiración para cometer un fraude de $207,187.40 al plan de salud y realizar declaraciones falsas. Ambos pliegos acusatorios requirieron confiscasiones que totalizan $886,000 y que, según la Fiscalía federal, fue la cantidad obtenida a través del esquema. Los doctores Colón Quiñones y Guzmán Ruiz fueron arrestados esta madrugada por agentes dle Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), mientras Vera Méndez, Marrero Fuentes y Santos Agosto se entregaron a las autoridades en el Tribunal federal. Segun el pliego acusatorio, desde enero del 2006 hasta diciembre del 2008, los doctores certificaron que algunos pacientes beneficiarios del programa tenían condiciones médicas que requerían que se les transportara en ambulancias para recibir sus servicios. Los pacientes eran transportados en las ambulancias de Vera Méndez, quien facturaba los servicios al Medicare. Para que un beneficiario del programa de salud federal requiera los servicios de una ambulancia tiene que estar en una condicion médica crítica que le impida transportarse de otra forma. "Nosotros vamos a continuar procesando a todos los proveedores de servicios médicos que atentan contra los beneficios que el programa de Medicares le provee a tantas personas en Puerto Rico. La Fiscalía federal, junto al Departamento de Salud y Servicios Humanos y el FBI continuaremos trabajando juntos para proteger los derechos y beneficios que reciben nuestros ciudadanos a través del Medicare y prevenir la apropiación ilegal de esos fondos", dijo en la conferencia de prensa la jefa de la fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez. Los acusados se exponen a un máximo de 10 años en prisión y $250,000 de multa.
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