8 de octubre de 2009

El Vocero

Haber trabajado durante 30 años en diferentes áreas relacionadas a los asuntos legales de la Puerto Rico Telephone (PRT) no debe ser impedimento para su confirmación como nueva presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT), opinó Sandra E. Torres López, designada al cargo por el gobernador.

La ex jueza, que aguarda por el calendario de vistas en el Senado para el proceso de confirmación, dijo que todos los pasados presidentes de la JRT han recibido pensiones de sus respectivos patronos en la industria de telecomunicaciones, y eso no los inhabilitó para ocupar el cargo. Torres López recibirá una pensión de retiro de la PRT.

"Desde el 2004 ya no estoy vinculada a los asuntos reglamentarios que es la que maneja estos asuntos. Sólo sé que hay unos pleitos, pero yo lo único que les pido es la oportunidad de poder demostrar mi objetividad", dijo.

La designada presidenta de la JRT –si es confirmada-, tendrá ante su consideración la solicitud de Claro TV (que pertenece a PRT) para el ofrecimiento de televisión por cable en la Isla, mediante la tecnología IPTV. La solicitud fue denegada en la JRT por falta de documentación y es impugnada en el Tribunal Supremo por OneLink.

"En cuanto a si las compañías se pueden oponer o no, yo lo único que les pido es la oportunidad de poder desarrollar mi objetividad", añadió.

En los casos en los que alguna compañía de telecomunicaciones entienda que pueda haber algún conflicto con cierta regulación, Torres López podría decidir inhibirse en casos particulares, según expresó.

Ante las recomendaciones de algunos sectores legislativos para que se elimine la JRT como ente independiente y se integre a alguna otra agencia, como podría ser el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Torres López se mostró cautelosa y sólo dijo "habrá que manejarlo" en su momento.

Mientras, en lo concerniente a su posible agenda para la JRT, destacó que "todavía le falta mucho a la Junta para que le permita al mercado poder crecer" y sostuvo que se debe estimular el crecimiento de la industria de telecomunicaciones. Por ejemplo, comentó que el Fondo de Servicio Universal, que ofrece subsidios para la instalación de servicio telefónico fijo, igual se podría ampliar a otros áreas como servicios de telefonía móvil y acceso a la Internet.

Torres López mencionó que le preocupa el hurto de cobre en la Isla, que también afecta directamente a la industria de las telecomunicaciones, ya que violadores de la ley queman cables para extraer el metal. Urgió de las autoridades a ser más combativas con esa práctica ya que muchas personas se quedan sin servicio telefónico.

La JRT se creó en 1996 mediante legislación federal para reglamentar el servicio de telecomunicaciones que se ofrece en la Isla. También protege los derechos del consumidor y facilita los recursos para que las compañías cumplan con las leyes.