6 de octubre de 2009

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Washington, 5 oct (EFE).- Dos líderes del Senado de EE.UU. presentaron hoy una medida que prohíbe que los reos en prisiones federales puedan poseer o utilizar teléfonos celulares y otros dispositivos inalámbricos y penaliza a quienes se los suministren.

El objetivo del proyecto, según explicaron en un comunicado conjunto la senadora demócrata Dianne Feinstein y el republicano Charless Grassley, es impedir que los reos puedan seguir cometiendo o dirigiendo crímenes desde adentro de las cárceles.

"Un celular jamás debe caer en manos de un prisionero. La presencia de estos teléfonos representa una grave preocupación de seguridad para el personal, los presos y el público", dijo Feinstein

"Sabemos que los presos los usan para cometer actos criminales fuera de las paredes de la prisión, incluso ordenando ataques de pandillas, controlando operaciones del narcotráfico y hasta realizando fraude con tarjetas de crédito", señaló.

Grassley dijo que los celulares y demás productos inalámbricos son usados con creciente frecuencia como vínculo con grupos delincuentes fuera de las prisiones, y el proyecto de ley "busca asegurar que los prisioneros federales no puedan continuar sus crímenes detrás de las rejas".

La iniciativa disuasoria cerraría un resquicio en las leyes federales, de tal manera que se prohibiría la tenencia o uso de teléfonos celulares y demás artefactos inalámbricos por parte de los presos.

Entre otros elementos, la ley, de ser aprobada, clasificaría a esos teléfonos y artefactos como "material de contrabando" y además autoriza que las personas que los provean a los presos -o intentan proveerlos- reciban una sentencia de hasta un año en prisión.

En la actualidad, los teléfonos celulares confiscados en las prisiones no tienen la categoría de material de contrabando, por lo que rara vez se castiga a guardias de seguridad o presos que usan o venden celulares en las cárceles federales.

En 2008, la Oficina Federal de Prisiones confiscó un total de 1.519 celulares de prisiones federales y otros 255 de otras instituciones federales.

Autoridades de las cárceles estatales de todo el país han registrado un aumento drástico en el número de celulares que entran de contrabando a las cárceles, según los senadores.