14 de septiembre de 2009

La Opinion

Los matrimonios por conveniencia se han convertido en una de las formas más sencillas —y a la vez más lucrativas— para burlar la vigilancia migratoria, y miles de extranjeros están recurriendo al método del "sí quiero" como el pasaporte idóneo a una residencia legal en este país, indicaron expertos.

El año pasado, más del 35% de los inmigrantes que lograron regularizar su estatus legal lo hicieron a través del matrimonio con ciudadanos o residentes de Estados Unidos. En bruto, la cifra ascendió a 301,279 personas. Pero al menos cinco de cada cien de esas uniones podrían tratarse de casos fraudulentos, indican expertos e investigaciones en la material.

"¡Es un delito inmenso! El gobierno está buscando más leyes para restringir el número de extranjeros autorizados a permanecer en el país, medidas para reforzar la frontera, pero está pasando por alto a los fraudes que envuelven cónyuges extranjeros", denunció Dave Saminara, ex funcionario consular del Servicio Exterior de EEUU.

Análisis de la Oficina de Contraloría General del Congreso (GAO) van más allá; los fraudes, dice, podrían ascender hasta el 20% de todas las uniones. Cada año en promedio 5,200 uniones son investigadas por fraude, indica su reporte a la Departamento de Seguridad Interna (DHS).

De ser así, uno de los mayores filtros migratorios no estaría en las murallas fronterizas, sino a la vista de todos, en las cortes civiles.

Altísimos precios

El precio para "arreglar" un matrimonio oscila entre los 10,000 y 60,000 dólares, según redes criminales desmanteladas por la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en meses recientes.

Sólo el año pasado, esa agencia de seguridad federal arrestó a 238 criminales relacionados con redes de fraude matrimonial y 198 personas fueron condenados por este delito. Algunos de los inculpados resultaron ser empleados de la propia Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (CIS), quienes a cambio de dinero o favores sexuales, proveían a los inmigrantes de la residencia legal.

Para el primer semestre de 2009, otras 142 personas habían quedado tras las rejas. Varias de estas redes llevaban más de 10 años operando dentro y fuera del país, según archivos de la agencia federal.

Vuthy Sim llegó a contabilizar ganancias de hasta 160,000 dólares por su red de matrimonios arreglados. Ella cobrara 35,000 dólares a "novios" camboyanos que buscaban el matrimonio como pase a una residencia legal, y pagaba 20,000 dólares a los que los ciudadanos de EEUU que aceptaban casarse con ellos.

"Desafortunadamente ,el grueso del problema no radica en las bandas, sino en personas sin escrúpulos que se prestan a este lucrativo crimen o en ciudadanos/as que realmente se casan por amor mientras que su pareja simplemente los están utilizando para alcanzar la residencia" indicó el ex oficial consular. "La dimensión del mercado es gigante", agregó.

En la última década se ha triplicado el número de personas que obtuvieron la residencia legal vía el matrimonio. En 1999, poco más de 127,000 personas regularizaron su situación migratoria a través de uniones civiles.

Para 2008, la cifra alcanzó 301,279 personas, una cantidad que supera la suma de inmigrantes amparados bajo asilo, visa de trabajo y refugiados.

"Tomando en cuenta que más de dos millones de personas cambiaron su estatus legal por medio del matrimonio en los pasados cinco años, sólo asumir que el 10% de estas uniones se realizan por interés de una tarjeta verde estamos hablando de un fraude de 200,000 personas", apuntó Seminara.

‘Fin de la luna de miel’

El aumento en el índice de personas que regularizaron su estatus legal a través del matrimonio se debe a la implementación de nueva tecnología que acelera el proceso de legalización de una persona, pero no está relacionada con un incremento en redes o casos fraudulentos, dijo a La Opinión Luz Irazábal, portavoz de CIS.

"Sí reconocemos que es un fraude muy común. No podría decir en cuánto por ciento, pero sí que es muy común", comentó Irazábal. Agregó que no cuentan un conteo actualizado del total de solicitudes para residencia legal por matrimonio, ni tampoco de la cantidad de peticiones rechazadas.

Pero enfatizó: "Los formularios migratorios son ahora más vigilados, y también los encargados de realizar las revisiones".

En marzo de 2006 DHS implementó la Subdivisión de Seguridad de Documentos y Beneficiarios contra el Fraude (DBFTFs) con agentes de ICE y otros organismos como el Departamento de Trabajo, la Administración de la seguridad social, como el Servicio Postal, CIS, el Departamento de Estado y policías locales, a fin de combatir la permeabilidad que existe actualmente en el proceso de inmigración.

Apenas en agosto pasado, esta división implementó el operativo Fin de la Luna de Miel que llevó al arresto de 50 personas, 23 extranjeros y 27 ciudadanos que aceptaban casarse con inmigrantes a cambio de dinero.

En mayo, otro operativo Knot so Fast (sic) logró la captura de 80 personas, quienes "entrenaban" a los que pagaban por un matrimonio arreglado sobre cómo hacer que su matrimonio pareciera legítimo. Tenían vestidos de novia en la mano, pasteles falsos, y escenarios de iglesias para fotos.

En noviembre pasado, Jie Hua Zhoulz fue arrestada en su lujosa mansión de Rancho Cucamonga, acusada de planear más de cien bodas fraudulentas. En la casa, valorada en más de medio millón de dólares, se encontraron archivos y dinero en efectivo, al parecer relacionados con el lucrativo negocio.

"El fraude matrimonial supone una debilidad importante [en el sistema], que no debe quedar sin respuesta. Las personas que toman atajos ilegales a la ciudadanía, o ayudan en ese delito, serán investigados y procesados", ratificó John Morton, subsecretario de ICE.

Detectar este tipo de uniones fraudulentas es sencillo, pero demostrar que lo son es complicado.

"De nada sirven las sospechas. Arrestan a unos pocos, pero miles se salen con la suya", afirmó Seminara.

Las sanciones para quienes se involucran en este tipo de fraude son de hasta cinco años de prisión y una multa económica que podría llegar a los 250,000 dólares, así como la deportación inmediata del extranjero sin derecho a apelación.

Sin embargo, los ciudadanos estadounidenses pocas veces son sancionados y se castiga mayoritariamente al inmigrante, apunta la investigación de la GAO: "Si las multas no se aplican de manera severa contra los propios estadounidenses nadie tendrá miedo de volver a hacerlo", concluye el informe.