9 de septiembre de 2009
My Florida Legal
TALLAHASSEE (FL) – El Procurador General, Bill McCollum, anunció hoy que un pastor de Jensen Beach y su esposa fueron condenados a prisión por una maniobra de fraude hipotecario. Rodney McGill deberá cumplir 20 años de cárcel y su esposa, Shalonda, quien se desempeñaba como agente hipotecario, 10 años de cárcel por llevar a cabo un plan de fraude hipotecario que atrajo a las víctimas a participar en una "oportunidad" de inversión en bienes raíces, pero que, en cambio, era un intento de lograr que los McGill se deshicieran de sus hipotecas. Además de sus condenas, cada uno deberá cumplir diez años de libertad condicional después de su liberación. El procesamiento de la causa estuvo a cargo de la Oficina de Prosecución Estatal del Procurador General en colaboración con el Fiscal General de Estado, Bruce Colton, del 19.º Circuito Judicial. Durante el juicio los fiscales le informaron al jurado de que Rodney McGill anunciaba un concurso, en su programa de radio, para convertirse en uno de los "Cinco Fabulosos", los cinco "ganadores" que recibirían los consejos del pastor sobre cómo ganar millones a través de inversiones en bienes raíces. Después de oír este anuncio, al menos tres víctimas llamaron a la radio y suministraron sus números de seguridad social y otros datos financieros. Los McGill les mostraron a las víctimas las propiedades que habían sido "seleccionadas" especialmente para ellas, pero el plan escondía, de manera cuidadosa, el hecho de que los McGill eran los dueños de cada una de las propiedades que se ofrecían como inversiones posibles. Entonces, los McGill alentaron a sus víctimas a mentir sobre sus ingresos y otro tipo de información para obtener hipotecas para sus propiedades y finalmente abandonaron a sus testaferros y arruinaron su crédito. Además de cumplir su condenas de prisión y de libertad condicional Rodney y Shalonda McGill deben pagar $700,000 aproximadamente en concepto de devolución a los bancos que estafaron. La detención se realizó en septiembre de 2008 después de una investigación penal conjunta por parte del Departamento de Servicios Financieros y la Oficina de Regulación Financiera.
