31 de agosto de 2009
Primera Hora
La banquera Nancy Hernández Chávez no fue sentenciada hoy y quedó bajo restricción domiciliara y atada a un grillete electrónico. La jueza administradora de San Juan Isabel Llompart pospuso la sentencia de la mujer para el 28 de septiembre porque su abogado, José Andrew Fuentes, impugnó el informe que rindió la oficial sociopenal al tribunal, el cual no recomendó que la banquera sea acreedora de una sentencia suspendida. Llompart impuso una mordaza para que el informe negativo a Hernández no sea divulgado a terceras personas. El informe, según se supo, alude a la negativa de Hernández de no pagarle una pensión alimentaria a su madre Bertha Chávez y a un incidente ocurrido en el verano cuando la banquera, ya convicta de fraude hipotecario, intentó viajar fuera del país informándole tardíamente al tribunal. El fiscal de distrito Manuel Rodríguez Córdova le solicitó a la jueza que ingresara hoy a la cárcel a la banquera al alegar que constituye un riesgo de fuga, pero la magistrada denegó la solicitud. "Ella no tiene lazos con la comunidad. Tiene una hija que recide fuera de Puerto Rico y tiene propiedades y bienes fuera del país", dijo el fiscal Rodríguez Córdova. Mientras, el abogado defensor, dijo que impugnará el informe por entender que contiene errores de derecho. La impugnación del informe se verá en una vista el 28 de septiembre. Hernández, quien se mantuvo llorosa y muy nerviosa en sala, no quiso emitir comentarios a su salida del tribunal. Salió prácticamente escoltada por su abogado para que no fuera interrogada por la prensa. "No tenemos ni un solo comentario, dijo Andrew Fuentes al montarse en el ascensor con su clienta y algunos familiares que acompañaban a la mujer. Nancy Hernández fue referida a la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) para que se le coloque el grillete, pero su abogado admitió en corte que la mujer no tiene teléfono en su casa y que tendrá que solicitarlo hoy mismo. En casos de grillete, el teléfono es un requisito para que OSAJ pueda mantener el rastreo y vigilancia de la persona. El miércoles pasado, su representación legal le pidió el auxilio al Tribunal Supremo en un intento por paralizar el pago de la pensión alimenticia que había sido ordenado por el Tribunal de Instancia de San Juan y confirmada por el Tribunal de Apelaciones. La deuda le impedía a la mujer cualificar para la probatoria de seis años que busca en el caso por el millonario fraude con la cancelación de hipotecas. El miércoles, su representación legal en el caso de Familia, recurrió al Supremo para que paralizara la obligación del pago de la pensión en lo que ese foro determina si revisa o no el caso. El recurso de certiorari fue radicado el 25 de febrero de 2009, pero no se ha resuelto. La defensa de la banquera alegó que obligarla al pago de la pensión tornaría en académico el recurso de certiorari, conoció Primera Hora. Doña Bertha solicitó, a través de sus abogados, una vista de desacato contra su hija por no haber pagado su porción de la pensión alimenticia. La vista de desacato está señalada para el 22 de septiembre próximo. El jueves, la defensa de doña Bertha se opuso a la nueva solicitud de paralización del pago de la pensión y, sorpresivamente el viernes, la jueza que tiene el caso de alimentos en San Juan, Yolanda Doitteau, emitió una orden confusa dando a entender que hasta que el recurso del Supremo no se resuelva, la banquera no está obligada a pagar la pensión.
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