31 de agosto de 2009

El Vocero

La Autoridad de Energía Eléctrica transó secretamente por $9.5 millones un pleito por fraude que según sus propios estimados, puede haberle costado a los abonados más de $500 millones, y que ató de manos a dicha corporación pública para impedir cualquier acción legal futura.

Este acuerdo confidencial lo aprobó el 18 de abril de 2006 la Junta de Gobierno de la AEE con la Resolución 3361, en que los ejecutivos de la compañía de la luz admiten que el caso que ya llevaban más de tres años litigándose en el Tribunal federal contra uno de sus ex contratistas, el laboratorio Caleb Brett, era difícil de defender porque los funcionarios de la agencia se habían quedado con las manos cruzadas por años aunque estaban al tanto del fraude.

De acuerdo con la AEE, el fraude se extendió durante casi una década de 1992 al año 2000. Durante esa ventana de tiempo, la compañía de la electricidad compró unos 285 millones de barriles de combustible a un costo de $5,129,536.350 a sus clientes, quienes absorbieron en su totalidad este gasto bajo la fórmula de ajuste por combustible.

La alteración de los caloríficos –uno de los barómetros de calidad del combustible- así como del contenido de contaminantes tales como azufre, vanadio y asfalteno puede representar una diferencia sustancial en el costo del petróleo. Según los peritos consultados por este diario, este diferencial pudo llegar hasta $4 por barril dependiente de su contenido de azufre y de los otros contaminantes.

La falsificación también parece haber tenido impacto sobre los problemas ambientales de las termoeléctricas y los conflictos con la EPA, que eventualmente le impuso multas millonarias a la AEE por quemar combustible que no cumplía con los parámetros de las leyes federales de aire limpio.

‘Falsificaciones: rutinarias, repetidas y sistemáticas"

De acuerdo con la AEE, Caleb Brett y sus ejecutivos "rutinariamente y consistentemente falsificaron cientos de resultados de informes de combustible para ser entregados o que habían sido entregados a la AEE. Dichas falsificaciones ocurrieron repetidamente y sistemáticamente durante este período de tiempo".

Pero aún así, desde que primero acudió al tribunal, la AEE unió fuerzas con Caleb Brett para tratar de mantener todos los detalles del pleito en secreto y para que el juez federal mantuviesen como confidenciales todos los documentos relacionados con el fraude. No fue hasta ahora, que la AEE le entregó a EL VOCERO copia de la resolución donde su Junta de Gobierno aprueba señalando como justificación, la posibilidad de perder el caso ante las alegaciones de negligencia y complicidad por parte de Caleb Brett.

"Una de las debilidades del caso es que el Tribunal no ha resuelto una moción de sentencia sumaria radicada por Caleb Brett, alegando que la acción de Autoridad está prescrita toda vez que ésta conocía desde mucho antes de 2001 de las alegadas acciones de Caleb Brett y no tomó acción alguna. Por lo que, de Caleb Brett prevalecer en sentencia sumaria, la Autoridad no recibiría compensación alguna," lee el documento.

Curiosamente luego de que se aprobase tal resolución y antes de que el juez Casellas ordenase el archivo del caso el 31 de mayo de 2006, los abogados del gobierno enmendaron su demanda para añadir una nueva alegación de "negligencia" a las múltiples alegaciones de fraude y de conspiración que habían detallado en el pleito original.

Aún así en la estipulación la AEE, Caleb Brett y varios de sus ejecutivos acuerdan archivar el pleito con perjuicio y sin costos ni honorarios de abogados, lo que significa que el gobierno renunció a cualquier posibilidad de reabrir el pleito o de recuperar los millones de dólares que se gastaron en par de prominentes bufetes de Washington.

Denuncias en ‘oídos sordos’

Se percibe cuán morosa fue la actitud de la AEE en la trayectoria pública y judicial del escándalo. Por ejemplo, no fue hasta el 12 de agosto de 2002 que la AEE acudió a la corte con su demanda –tres meses luego de que el contralor Manuel Díaz Saldaña le refiriese a la entonces secretaria de Justicia Annabelle Rodríguez un extenso informe de auditoría, el CP02-26, detallando el fraude el cual está todavía en el limbo.

Para entonces las denuncias de Díaz Saldaña no eran nada nuevo. Tan temprano como 1994, uno de los químicos de la AEE emitió una declaración jurada diciendo que era testigo de cómo se estaba tratando de "manipular, ocultar y tergiversar" los resultados de las pruebas hechas por él.

"He sido testigo presencial de varias intentonas y logros de parte de empleados de mayor jerarquía de reportar a las autoridades ambientales resultados oficiales que no responden a los encontrados en diversas pruebas por nosotros, los químicos de control de contaminación," declaró el químico Abraham Padilla Rivera, quien tres días más tarde se encontró sin taller. La AEE cerró el laboratorio de contaminación ambiental y transfirió a sus químicos a distintas plantas.

Al año siguiente, en 1995, la ex gerente de Caleb Brett en San Juan, Migdalia Negrón, demandó a la empresa alegando que había sido despedida por negarse a falsificar los certificados de calidad de petróleo que recibían distintos clientes en la Isla, principalmente la AEE.

En la compra de combustible los certificados de laboratorios independientes son indispensables tanto para vendedor como para comprador. El certificado se usa para que el comprador pueda verificar que el combustible cumple con sus especificaciones y las cartas de crédito bancario no se expiden hasta que se recibe este documento. En el caso de que el combustible no cumpla con las especificaciones el comprador puede rechazar el producto o renegociar su precio.

Luego en 1999 las acusaciones de Negrón fueron validadas por el Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones de Boston que confirmó que de la evidencia presentada en el caso surgía la alteración de entre 500 y 600 certificados de calidad a espaldas de Negrón para que así los suplidores aparentasen cumplir con las especificaciones de sus clientes en Puerto Rico.

Y para el 2001 –fecha que los directores de la AEE aparentemente consideraron clave en cerrar el pleito- el ex presidente de Caleb Brett en Estados Unidos, Richard Kaminski, se declaró culpable de haber aprobado que se emitieran certificaciones falsas en los laboratorios de Puerto Rico y de Nueva Jersey. Kaminski, quien reinó sobre un sistema ilegal de intercambio de falsificaciones por favores y regalías, 20 años antes había descrito su filosofía gerencial como una de "MIT" –no una producto de la famosa universidad sino la práctica de "manipular, intimidar o terminar".

Esta filosofía estaba tan arraigada dentro de la empresa, según las acusaciones de un gran jurado federal en Nueva Jersey, que en aún después que la compañía le admitió voluntariamente a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en 1997 que estaban falsificando los resultados de los análisis de gasolina en Estados Unidos, Kaminski ordenó que se continuaran las falsificaciones de los documentos en Puerto Rico.