24 de agosto de 2009

El Nuevo Herald

El año pasado, Pembroke Pines puso a funcionar su primera cámara en una luz roja. De Aventura a Homestead, otras ciudades siguieron sus pasos. Pero ahora críticos, y las demandas, están cuestionando si la presencia de las cámaras es legal. Varias ciudades de la Florida --entre ellas Aventura-- enfrentan demandas contra las cámaras y las gruesas multas que han ocasionado.

Los casos son diferentes, y hasta el momento ninguno ha salido victorioso. Pero todas las demandas se centran en un argumento clave: que las leyes del tránsito deben ser uniformes para todo el estado, y que las cámaras colocadas por algunas ciudades violan ese principio. Asimismo, las demandas reflejan preocupaciones sobre la igualdad de derechos legales, y se cuestionan por qué lo que las ciudades describen como violaciones de código se parecen tanto a las multas de tránsito.

Los comisionados de Pembroke Pines discutieron la semana pasada las nuevas demandas judiciales y convencieron a su proveedor de luces rojas que los apoye en caso de que tuvieran que enfrentar una demanda. American Traffic Solutions acordó pagar toda obligación financiera necesaria con un embargo preventivo en sus equipos y hasta un total de $100,000.

Entonces, los comisionados continuaron con sus planes de instalar cinco cámaras más.

Y, ¿por qué no? Las cámaras, celebradas como un medio de seguridad, hacen dinero. En el sistema típico de ATS de la Florida, una parte que va de $17.50 a $47.50 por multa va al proveedor. Las ciudades se embolsan el resto.

En Pines, una cámara en la esquina de Pines Boulevard y SW 129 Avenue ha generado más de $100,000 desde marzo. En Aventura, cinco cámaras han generado más de $1 millón desde octubre. Fort Lauderdale tiene la esperanza de recaudar $1.8 millones con las cámaras que ha propuesto.

Los líderes locales insisten que lo que les interesa es la seguridad del tráfico, y que los dólares recaudados son sólo una ventaja adicional, que viene muy bien durante tiempos financieros difíciles.

"Si nosotros no protegemos a nuestros residentes contra los accidentes en las luces rojas, ¿quién lo va a hacer?", dijo la alcaldesa de Aventura, Susan Gottlieb. Y añadió: "Uno nunca sabe lo que va a pasar cuando se va a los tribunales. Pero eso no significa que todo lo que no se sostiene está mal'.

El asunto se resolvería si la Legislatura legalizara las cámaras. Los legisladores trataron de hacerlo este año, pero la legisla ción no fue aprobada.

Las ciudades han estado considerando durante años poner cámaras en las luces rojas, pero han dudado a causa de consideraciones legales.

En el 2005, el abogado de la ciudad de Pembroke Pines, Sam Goren, pidió la opinión de la oficina del entonces procurador general Charlie Crist. Crist dijo que los gobiernos locales tienen derecho a poner cámaras, tomar fotos y notificar a los conductores cuando se han llevado una luz roja.

Esa parte de la opinión oficial es la que citan más a menudo las ciudades en defensa de las cámaras.

Pero la segunda mitad de la opinión de Crist afirmaba que las ciudades no podían poner multas por esas violaciones sin que se cambien las leyes estatales. Esa parte de la opinión oficial es la que citan más a menudo los enemigos de las cámaras.

Las ciudades han tratado de maniobrar el asunto al convertir el pasarse la luz roja una violación de código, e instalando esos equipos en terrenos no controlados por el estado. Pines activó su primera cámara en abril del 2008, y envió advertencias hasta marzo de este año. Desde entonces, han puesto más de 900 multas.

Luego de un período de gracia de advertencias, las ciudades comenzaron a poner multas de cientos de dólares a los choferes.

La compañía proveedora instala el equipo y le da mantenimiento a nombre de las ciudades. En la Florida, el proveedor predominante es American Traffic Solutions, radicada en Scottsdale, Arizona.

Pero a medida que más personas fueron multadas, algunas se encolerizaron. En Aventura, Richard Masone recurrió al abogado de tránsito Bret Lusskin, quien administra la firma Ticket Cricket en Hallandale Beach.

"Es una violación flagrante de las leyes de la Florida', dijo Lusskin, quien está tratando de impugnar multas recibidas en esa ciudad del nordeste de Dade. La audiencia de su caso está fijada para noviembre.

Los críticos de las cámaras en las luces rojas dicen que la uniformidad del código estatal del tránsito asegura que los conductores conozcan las reglas del tránsito, lo mismo si conducen en Miami-Dade o Volusia. Pero las cámaras, según los abogados, violan esos objetivos.

Otra preocupación: por lo general, las leyes estatales establecen que el conductor recibe la multa. Debido a que las cámaras en las luces rojas sacan fotografías de la chapa del auto, el dueño del mismo es quien recibe la multa.

Hay excepciones a la regla de multar al conductor, pero las mismas están incluidas en las leyes estatales, que no tienen en cuenta las cámaras de luces rojas.

Las ciudades tienen sus propios argumentos a favor de las cámaras. Ellas insisten en que su código es estrictamente un código, y que las cámaras no están colocadas en terrenos estatales. Las ciudades defienden también la justicia del proceso de las multas. Por lo general, el proveedor recoge la información y la pasa a la policía local, que revisa la evidencia, dijo Josh Weiss, vocero de ATS. Eso incluye dos fotografías, una del auto antes de llegar a la intersección y otra del mismo en la intersección.

Otra cámara toma un video de 12 segundos de duración en la intersección para brindar contexto al suceso. Un agente de la policía local puede juzgar si factores externos hicieron necesaria la infracción y por lo tanto no se debe poner multa, según Weiss.

Luego, los conductores pueden revisar la evidencia en internet antes de oponerse a la multa. Pero perder el caso en la Florida incluye un pago administrativo de $50.

Jason Weisser, abogado de West Palm Beach, demandó recientemente a Orlando, y dice haber presentado otros casos contra Miami Gardens y Aventura, aunque esos dos no habían aparecido el viernes en el sistema de internet. "La motivación de ellos es sólo el dinero', dijo Weisser de las ciudades.

Otro abogado, Jack Townsend, llevó a los tribunales un caso cerca de Tampa, en Temple Terrace. Tanto la litigación de Townsend como la de Weisser están tratando de obtener estatus de demanda colectiva.

"Van a haber muchas más multas por fotos durante nuestras vidas', dijo Townsend. "Pero en la Florida, en mi humilde opinión, tiene que haber estatutos estatales que las respalden. Si no lo hay, entonces esto es prematuro y no deberían estar haciéndolo'.

Mientras tanto, Pines instalará más cámaras.

"Y además', dijo la semana pasada el comisionado Angelo Castillo, "creo que debemos re doblar nuestros esfuerzos en Tallahassee'.