14 de agosto de 2009

El Nuevo Dia

El ex secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Javier Echevarría, urgió ayer la aprobación del debatido Código del Consumidor que ha sido aprobado en varias ocasiones por la Legislatura y vetado por el Poder Ejecutivo.

Con el mismo se pretende establecer unas normas de protección específicas para los consumidores puertorriqueños tal y como exite ya en otras jurisdicciones.

Según Echevarría desde el 1942 en Puerto Rico se entablaron bases para la protección del consumidor, incluso antes que en Estados Unidos, con la Ley número 228. "Pero, nos hemos quedado atrás, tan atrás que ya muchas de las constituciones del mundo reconocen la protección del consumidor como una garantía constitucional", precisó.

Entre los países que cuentan con este tipo de código se encuentran: Portugal, España, Perú, Brasil, México, Colombia, Ecuador, Venezuela y Argentina.

Echevarría mencionó entre los derechos fundamentales que recoge el Código del Consumidor debatido en la Isla el derecho a la divulgación de información correcta y la libre selección del bien o servicio que se va a adquirir.

También provee protección contra cláusulas abusivas, la publicidad falsa o engañosa así como para la protección de la vida, la integridad física, la salud y la seguridad contra riesgos por productos defectuosos o nocivos, entre otros.

"Existe la necesidad imperativa de crear un Código", sostuvo Echevarría, quien participó ayer como orador del Quinto Congreso del Consumidor del Senado que culmina hoy.

Radicarán nuevo proyecto

Según supo El Nuevo Día, existe ambiente en la Legislatura para traer nuevamente a discusión el Código y la presidenta de la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas, Lornna Soto, radicará un proyecto de ley hoy que promueve su aprobación.

Por su parte, el incumbente secretario del DACO, Luis G. Rivera, se mostró a favor de la adopción de un Código del Consumidor.

No obstante, dijo a este diario que tendría que evaluar en su momento la propuesta legislativa para asegurarse que la misma garantice los derechos del consumidor, pero no se convierta en un limitante para el desarrollo socio-económico del país.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Bancos, Arturo Carrión, apuntó que habría que considerar si es necesario aprobar un Código o si sería más efectivo, en vez, compilar las leyes y reglamentos existentes "en forma sencilla y de fácil acceso".

A modo de ejemplo, señaló que varios estados han atendido la situación recopilando los derechos del consumidor en manuales disponibles tanto físicamente como electrónicamente.