6 de agosto de 2009

El Nuevo Dia

Un contingente de cuarenta empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), escoltado por efectivos de la Policía, descendió sobre el exclusivo complejo de vivienda Hacienda San José en Caguas.

El sol todavía no se ponía cuando empezaron el domingo a "peinar" el lugar con detectores de metales, para identificar los imanes que impiden la lectura correcta de los medidores de electricidad.

Visitaron sobre 900 residencias. Identificaron 51 contadores manipulados o con "pillos" en hogares cuyo valor puede alcanzar los $500,000, según algunos domicilios virtuales de bienes raíces. El operativo, en el que participaron 120 empleados de la AEE, se extendió a otras urbanizaciones de clase media y media alta en Ponce y Mayagüez.

Al finalizar la jornada, que comenzó a las 4:00 a.m. y terminó a las 5:00 p.m., se habían documentado irregularidades en 157 contadores.

"Esto es un problema serio. Lo vemos en urbanizaciones caras, de clase media y sectores pobres", afirmó el ingeniero Miguel A. Cordero, director ejecutivo de la corporación pública.

La AEE estima que el 15% de su 1.4 millones de abonados hurta electricidad. Anualmente, se pierden ingresos estimados en $400 millones por el robo de energía entre clientes residenciales y comerciales.

"El 10% del total de residentes (de una comunidad) está hurtando la electricidad", apuntó Cordero.

Señaló, además, que las técnicas para robar electricidad en estos vecindarios tienden a ser más sofisticadas que en otras comunidades pobres.

Los residentes de urbanizaciones como Hacienda San José, Las Delicias en Ponce o Cumbre del Miradero en Mayagüez, que hurtan electricidad, optan por imanes o resistencias para bajar su consumo de luz.

También utilizan programas de computadoras para alterar la programación del contador.

Pero en un residencial público la técnica preferida consiste en romper el contador y realizar una conexión directa, de acuerdo con Cordero.

Programa ‘no hurto’

Hace cuatro meses la corporación pública inició un campaña para atajar este delito, que conlleva una multa máxima de $500 o una pena de cárcel máxima de seis meses.

La campaña incluye anuncios para concienciar sobre el problema. También se estableció un apartado en la página de la agencia (www.aeepr.com) y una línea de teléfono confidencial (1-866-664-8783) para recibir denuncias. Estas denuncias contribuyeron al operativo del fin de semana.

Cordero explicó que la mayor cantidad de denuncias se reciben por teléfono. Esta información luego se compara con el comportamiento de los clientes, para identificar cambios o variaciones dramáticas en su facturación.

Desde que inició el programa, la AEE ha recuperado $11 millones en hurto de electricidad. Estima recuperar poco más de $30 millones a diciembre de 2009, cuando calcula que el 90% de los clientes estará pagando la cantidad real de su consumo de electricidad.

Una tarifa fija

El problema del hurto en los residenciales públicos se busca atender mediante un proyecto de ley que establecería una tarifa fija para las familias que viven en los complejos de vivienda pública.

Cordero indicó que la tarifa, que oscilaría entre $40 y $50 mensuales, se pagaría directamente al administrador del residencial público.

"Para finales de año esto debe estar minimizado sustancialmente", concluyó en entrevista con El Nuevo Día.