3 de agosto de 2009
El Vocero
La firma de la ley que eleva el precio de venta de las unidades de viviendas de interés social de $90,000 a $110,000 en residencias unifamiliares y de $105,000 a $125,000 en multifamiliares, ha provocado desacuerdos entre algunos sectores de la industria de los bienes raíces.
Según Rolando Ramos, director ejecutivo de Community Housing Development Organization (CHDO), esta ley hará más difícil que las personas de bajos recursos económicos puedan convertirse en los dueños de una vivienda. "Nos preocupa el incremento en los costos porque muchas familias tenían limitaciones para adquirir una casa de $90,000 y con el aumento se les hará más difícil", comentó Ramos.
Este argumentó que existen otras maneras para sustentar la construcción de proyectos de vivienda de interés social. "Hay que buscar maneras más creativas. Lo que se debe hacer es abaratar los costos de los desarrolladores y municipios como arbitrios y patentes, pero nadie quiere ceder.
Muchos municipios no quieren construir viviendas de interés social porque tienen que costear algunos gastos como los de basura y mantenimiento por lo que aguantan este tipo de desarrollo. Sin embargo es la vivienda que más se necesita en el País", opinó.
Por su parte, el economista Graham Castillo, explicó que aunque esta medida no resuelve el problema de las familias que no pueden pagar una vivienda de entre $110,0000 y $125,000, promueve el desarrollo de este tipo de viviendas que cuenta con muy poco inventario. "Hay que desarrollar viviendas de bajo precio con apoyo gubernamental. Es un sector que hay que atender", explicó Castillo.
Por otro lado, George Joyner, director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda y Rafael Rojo, presidente de la Asociación de Constructores de Hogares de Puerto Rico, coincidieron en que la limitación en la construcción de proyectos de residencias de bajo costo se debe a un marcado aumento en los materiales de construcción como el cobre, aluminio, acero y hormigón.
"El los últimos tres años los costos de los materiales han aumentado sobre el 30% porque la mano de obra es más cara con el aumento del salario mínimo.
Un proyecto de interés social le salía al desarrollador en $90,000 por los materiales y no tenían un margen de ganancia. Esta Ley permitirá que sean aprobados muchos proyectos en lugares que no podían construirse lo que beneficia al consumidor y abre talleres de empleo", alegó Rojo.
En cuanto a las personas que no califican para una propiedad de más de $90,000, Rojo, comentó que antes de aprobarse el aumento este renglón de la población tampoco se beneficiaba de los programas de interés social por los altos costos de construcción.
"Quisiéramos un escenario ideal pero hay que ver la realidad de lo que cuesta una vivienda y el ingreso de los puertorriqueños. Por eso, hay subsidios y programas de Gobierno, pero hay que entender que el Gobierno está pasando por un momento difícil y tiene que hacer un análisis sobre este sector", finalizó el Presidente de la Asociación de Constructores de Hogares de Puerto Rico. Por Brenda A. Vázquez Colón
EL VOCERO
03 de agosto de 2009 04:00 am La firma de la ley que eleva el precio de venta de las unidades de viviendas de interés social de $90,000 a $110,000 en residencias unifamiliares y de $105,000 a $125,000 en multifamiliares, ha provocado desacuerdos entre algunos sectores de la industria de los bienes raíces.
Según Rolando Ramos, director ejecutivo de Community Housing Development Organization (CHDO), esta ley hará más difícil que las personas de bajos recursos económicos puedan convertirse en los dueños de una vivienda. "Nos preocupa el incremento en los costos porque muchas familias tenían limitaciones para adquirir una casa de $90,000 y con el aumento se les hará más difícil", comentó Ramos.
Este argumentó que existen otras maneras para sustentar la construcción de proyectos de vivienda de interés social. "Hay que buscar maneras más creativas. Lo que se debe hacer es abaratar los costos de los desarrolladores y municipios como arbitrios y patentes, pero nadie quiere ceder.
Muchos municipios no quieren construir viviendas de interés social porque tienen que costear algunos gastos como los de basura y mantenimiento por lo que aguantan este tipo de desarrollo. Sin embargo es la vivienda que más se necesita en el País", opinó.
Por su parte, el economista Graham Castillo, explicó que aunque esta medida no resuelve el problema de las familias que no pueden pagar una vivienda de entre $110,0000 y $125,000, promueve el desarrollo de este tipo de viviendas que cuenta con muy poco inventario. "Hay que desarrollar viviendas de bajo precio con apoyo gubernamental. Es un sector que hay que atender", explicó Castillo.
Por otro lado, George Joyner, director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda y Rafael Rojo, presidente de la Asociación de Constructores de Hogares de Puerto Rico, coincidieron en que la limitación en la construcción de proyectos de residencias de bajo costo se debe a un marcado aumento en los materiales de construcción como el cobre, aluminio, acero y hormigón.
"El los últimos tres años los costos de los materiales han aumentado sobre el 30% porque la mano de obra es más cara con el aumento del salario mínimo.
Un proyecto de interés social le salía al desarrollador en $90,000 por los materiales y no tenían un margen de ganancia. Esta Ley permitirá que sean aprobados muchos proyectos en lugares que no podían construirse lo que beneficia al consumidor y abre talleres de empleo", alegó Rojo.
En cuanto a las personas que no califican para una propiedad de más de $90,000, Rojo, comentó que antes de aprobarse el aumento este renglón de la población tampoco se beneficiaba de los programas de interés social por los altos costos de construcción.
"Quisiéramos un escenario ideal pero hay que ver la realidad de lo que cuesta una vivienda y el ingreso de los puertorriqueños. Por eso, hay subsidios y programas de Gobierno, pero hay que entender que el Gobierno está pasando por un momento difícil y tiene que hacer un análisis sobre este sector", finalizó el Presidente de la Asociación de Constructores de Hogares de Puerto Rico.
