31 de julio de 2009

El Nuevo Herald

Un hombre de Miami fue acusado el jueves de comprar expedientes confidenciales de pacientes a una empleada del Jackson Memorial Hospital (JMH) durante los últimos dos años y venderlos después a un abogado sospechoso de pedirle a pacientes que presentaran alegaciones de lesiones personales.

Rubén E. Rodríguez presuntamente le pagó a Rebecca García, técnica de ultrasonido del JMH, $1,000 mensuales por los expedientes de cientos de pacientes tratados por accidentes al resbalar y caerse, lesiones de choques de autos, heridas de bala y puñaladas, dijeron autoridades federales.

Rodríguez luego le pasaba los nombres de los pacientes, sus direcciones, números de teléfono y diagnósticos médicos al abogado, según plantea el enjuiciamiento. El abogado, no identificado en los documentos de la corte, usaba la información para "presentar sus servicios de forma inapropiada a pacientes del JMH, con la esperanza de representarlos en futuros procedimientos legales'.

Posteriormente, el abogado le pagaba a Rodríguez un por ciento de los procesos legales ganados en las demandas por lesiones personales de los pacientes, dijeron las autoridades.

A los abogados se les permite anunciarse en la televisión, las vallas y las páginas amarillas pero tienen prohibido ofrecer sus servicios a los clientes por teléfono, en sus casas o en el hospital.‘‘El caer más bajo tiene que ser esto' dijo el conocido abogado de casos de lesiones personales Stuart Grossman refiriéndose al caso del Jackson. "No sé qué podría ser peor, aparte de fingir un accidente'.

El abogado de Miami-Dade, de quien se sospecha está en medio de la supuesta trama, es objeto de una investigación.

El jueves, Rodríguez, de 61 años, fue acusado de confabularse para vender información confidencial sobre pacientes, fraude de computadoras, revelación indebida de documentación médica y robo de identidad con agravantes desde principios del 2007 hasta marzo pasado. Su audiencia de instrucción de cargos está fijada para el próximo viernes.

Rodríguez fue arrestado en su casa de Miami el miércoles. El juez federal Ted Bandstra le concedió una fianza de $200,000, luego de que el fiscal federal adjunto dijo que no había riesgo de que se fugara.

García, de 47 años, arrestada a fines de marzo, se declaró culpable el viernes pasado de un cargo de revelación indebida de información médica. Encara una pena de 10 años de cárcel, y la audiencia de sentencia está fijada para octubre.

Algunos funcionarios del Jackson dijeron que García, que trabajaba en el Jackson desde hacía 20 años, quedó suspendida sin paga a principios de abril y despedida el viernes cuando se declaró culpable.

Hay una ley federal de confidencialidad de 1996, conocida como HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) que creó criterios nacionales para proteger la privacidad de la información médica.

"Jackson Health System está comprometido a mantener la confidencialidad de los pacientes', declaró el hospital en una nota de prensa.

"Nosotros seguimos todas las leyes de privacidad y no aprobamos conducta alguna que viole esas reglas. Jackson Health System educa continuamente a todos sus empleados en las leyes y regulaciones de la privacidad y tiene cero tolerancia para las violaciones'.

Según documentos judiciales, la supuesta conspiración se desarrolló de la siguiente manera:

García supo de Rodríguez a través de su esposa, a quien ella conoció en una peluquería de Miami-Dade. A finales del 2006, Rodríguez le hizo una propuesta de negocios: vender información confidencial de los pacientes de JMH por una cantidad fija mensual. Ella comenzó a buscar los archivos de computadora para él a principios del 2007.

"En febrero del 2009, García se puso en contacto con un informante confidencial y le explicó que ella había estado buscando ilegalmente información de los pacientes de JMH en las computadoras del hospital y vendiéndosela a personas no especificadas por $1,000 al mes', según una declaración jurada criminal. García dijo que había participado en esos actos por dos años.

La declaración jurada, que solamente expone una parte de las actividades ilegales de García, dice que ella buscaba los archivos computarizados de por lo menos 26 pacientes, ninguno de los cuales había recibido exámenes de ultrasonido o había sido tratado por ella.