10 de junio de 2009

El Vocero

La Autoridad de Energía Eléctrica y la de Acueductos podrían perder más de $400 millones en los próximos tres años si se aprueba un proyecto legislativo que busca reducir el 10% de la tarifa que pagan los abonados. De aprobarse esta medida, advirtieron, se verían obligados a aumentar aún más las tarifas.

Los directivos de ambas entidades se opusieron tajantemente a la medida y criticaron la lluvia de proyectos radicados que buscan –de una forma u otra reducir el costo de estos servicios.

Miguel Cordero, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) dijo que la inmensa mayoría de los proyectos radicados y ahora bajo consideración de la Legislatura no cumplen con el requisito de identificar de dónde saldrán los fondos para dar estos beneficios a los abonados.

Con el recorte del 10% por los próximos tres años, dijo, la AEE dejará de facturar $346 millones.

"Continuaremos oponiéndonos a la aprobación de éste y otros proyectos similares que conceden créditos o subsidios hasta tanto la Legislatura no identifique fuentes de fondos que cubran su impacto económico", dijo. "La aprobación de estas medidas impacta adversamente nuestra estabilidad financiera ya que reduce nuestros ingresos de ventas y podría ocasionar que eventualmente tengamos que aumentar nuestras tarifas".

El proyecto que propone recortar el 10% de la tarifa de agua y luz por tres años a los clientes residenciales fue radicado por el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara, Rolando Crespo.

Fue considerado ayer en vista pública de la Comisión cameral de Asuntos del Consumidor. El presidente de esta Comisión, el penepé Jorge Navarro, ha insistido en que hay que aprobar la medida porque se trata de una promesa de campaña.

Tan reciente como ayer, y pese a estas objeciones, el Senado se disponía a aprobar un proyecto que establece una tarifa fija de $19.71 en el pago de agua y $30 en luz para los residentes de residenciales públicos. El proyecto es del portavoz penepé en el Senado, Roberto Arango.

José Ortiz, director ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados (AAA) también se opuso a la propuesta que implicaría una reducción de cerca de $60 millones en sus ingresos por los próximos tres años.

Recordó que la AAA ya cumple con la Ley Uniforme para la Modificación de Tarifas que establece el proceso de aumento de tarifas de agua.

Según dijo, una reducción adicional a sus ingresos podría limitar "los proyectos de infraestructura y mejoras a los sistemas, encaminados a mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo".

Jennifer Aponte, procuradora del ciudadano, avaló la intención de la medida, pero alertó que los clientes no recibirían el beneficio prometido.

Según explicó, por la forma en que se computan las tarifas de agua y luz, el primer mes se vería el alivio de 10% pero de ahí en adelante la reducción se transferiría al universo de clientes residenciales.

"Este descuento, por el modelo de facturación, también será pagado por los demás abonados, como lo son los comerciantes y los industriales entre otros", dijo Aponte.

"Aunque el fin del proyecto es loable y apoyamos las iniciativas que buscan aliviar la carga a los ciudadanos, debido a los sistemas de facturación de ambas corporaciones, es posible que los propósitos de la medida no sean alcanzados".