14 de mayo de 2009
La Opinion
Cuando Diana Alonso recibió una carta en la que se le informaba que el interés anual en su tarjeta de crédito —emitida por JP Morgan— había subido al 28% pensó que se trataba de un error. "La mayoría de las veces pago mucho más del mínimo mensual y mi récord de crédito es bueno", dice esta residente de Ventura. Como ella miles de consumidores de todo el país están sufriendo los rigores de una industria que hasta el momento goza de enorme discreción para imponer condiciones gravosas a sus usuarios. Según datos del Comité de Econonía del Congreso, anunciados ayer, en el último trimestre de 2008 los consumidores llegaron a pagar un 13.9% de su ingreso disponible exclusivamente en costos relativos a sus líneas de crédito, principalmente tarjetas. Las buenas noticias para los consumidores son que dicha situación cambiará pronto. En julio del año próximo entrarán en vigor las nuevas normas establecidas por el Bando de Reserva Federal en diciembre pasado, más beneficiosas para los usuarios.. Otras medidas legislativas adicionales en defensa de los consumidores podrían aprobarse esta semana en el Senado, tras el anuncio del lunes de los senadores Christopher Dodd, demócrata, y Richard Shelby, republicano, sobre su acuerdo para introducir una proposición legal bipartidista en este sentido. Pero se estima que cualquier cambio legislativo tardará unos nueve meses, o más —dado que la industria pide tiempo para asimilar los cambios— en entrar en vigor, un plazo que muchos consideran demasiado largo. "En la situación económica actual esa demora puede resultar fatal para muchas familias del país", dice Kathleen Day, portavoz del Centro para Préstamos Responsables (CRL), organización que acaba de hacer un estudio sobre las prácticas en la industria. El informe concluye que los ocho emisores de tarjetas más grandes del país, que representan un 80% de los saldos actuales, están elevando los tasas de interés a mayor proporción de clientes de lo usual, así como incrementando tarifas y penalizaciones. Asimismo estos ocho prestamistas —Citigroup, Bank of America (BofA), JP Morgan Chase, Capital One, HSBC, Discover, American Express y Wells Fargo— continúan aplicando primero los pagos recibidos al saldo menos costoso (dejando que los más caros sigan aumentando), y ejerciendo su potestad de elevar los intereses en cualquier momento, por cualquier razón. "De las quejas que nos llegan deducimos que están tratando de sacar el máximo beneficio de los clientes que ya tienen", dice Gail Hillebrand, abogada de la Unión de Consumidores (CU). Capital One no ha respondido a este periódico para comentar sobre el particular, y desde Wells Fargo señalan que no hay ningún ejecutivo disponible para comentar sobre el tema. Betty Riess, portavoz corporativa para BofA, señala que la industria está atravesando por las dificultades propias del momento. "Los costos derivados de incumplimientos de pago son más caros para nosotros", dice Riess, señalando que eso ha llevado a BofA a revisar todas las cuentas que tenían un interés por debajo al 10%, para aplicarles tasas más altas. Igualmente este banco, siguiendo el modelo generalizado en la industria, toma en cuenta los retrasos de pago con otros prestamistas. Peter Cohan, un profesor administración en la Universidad Babson en Massachusetts, señala que en medio del tumulto en la industria financiera, ha pasado —hasta ahora— relativamente desapercibido el efecto que las faltas de pago en tarjetas de crédito tendrá para los bancos, y que él valora en unos 186,000 millones en 2010 y 2011, un 313% de aumento sobre los niveles de 2008. Cohan comenta que los mejores clientes para esta industria han sido hasta ahora los que arrastran saldos impagados —cuyo promedio nacional es de 8,400 dólares— dado que muchos prestamistas pierden dinero con los que pagan puntualmente. "El verdadero negocio viene de quienes abonan sólo parte de su deuda con intereses del 29%", dice Cohan, añadiendo: "Pero con las tensiones del momento, muchos tendrán que reconsiderar si este sigue siendo un negocio rentable".