11 de mayo de 2009
El Nuevo Dia
El Departamento de Justicia (DJ) analiza una medida para aumentar los cargos por algunos de los servicios que ofrece Registro de la Propiedad para allegar más recursos a esa dependencia. La medida, que requiere enmendar la Ley de Aranceles de Puerto Rico, aumentaría los derechos que pagan los consumidores y otros usuarios del Registro por inscribir propiedades o por transacciones relacionadas en esa dependencia. Sandra Valentín, directora del Registro, no pudo precisar la cantidad de dinero que espera allegar con los aumentos, pero dijo que con estos recursos espera agilizar los trabajos en esa dependencia, cuyas gestiones son indispensables para la compraventa de propiedades en Puerto Rico. El Registro está adscrito al DJ. Sin embargo, Valentín admitió que el aumento en los derechos que se cobrará a los ciudadanos no podrán subsanar el recorte de 23% en el presupuesto de la agencia que actualmente es de $23.3 millones. El presupuesto recomendado asciende a $17.9 millones.
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Cantazo para Juan del Pueblo Sea mucho o poco lo que se aumente, el alza que pondera el Registro de la Propiedad terminará afectando al consumidor y su capacidad para adquirir un hogar, indicó Rafael Rojo, presidente de la Asociación de Constructores de Hogares. Rojo recordó que hace menos de un año los honorarios notariales para la compra o refinanciamiento de inmuebles aumentaron y recién se aprobó un alza que duplica la contribución sobre la propiedad inmueble pagadera a través del Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM). En esa lista, el desarrollador incluyó un alza "drástica" en el cómputo del costo de radicación de permisos en la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), aprobado en febrero, y del cual los constructores recién se enteraron el mes pasado. "El gobierno se queda aproximadamente con una cuarta parte del precio de la vivienda", dijo el desarrollador. Mencionó, por ejemplo, que de una casa, cuyo precio de venta es de $200,000, el gobierno se queda con cerca de $50,000. Dicha cantidad se distribuye entre los municipios que cobran arbitrios de construcción sobre los materiales y la mano de obra, y el pago de patentes sobre la venta del inmueble, lo que puede totalizar unos $8,000 por unidad. Mientras, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y aquellas de Energía Eléctrica y de Carreteras y Transportación cobran en conjunto otros $5,000 en cargos por exacción de impacto. La diferencia se reparte en el pago otros cargos de radicación de permisos y pago de derechos en otras agencias como ARPE, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y otras.
Ni los federales se salvan De los aumentos tampoco se salvaría el gobierno federal ya que el Registro se propone cobrar a éste por la inscripción de embargos, un proceso que, al presente, está exento del pago. Según Valentín, cada vez que el gobierno federal -sea el Seguro Social o el Servicio de Rentas Internas- tramita un embargo en cualquiera de los estados e incluso los territorios, paga al registro de esa jurisdicción, mientras aquí están exentos. Valentín no especificó cuánto se paga en otras jurisdicciones, pero señaló que ese análisis ha sido encomendado a la oficina que atiende asuntos legislativos en el Departamento de Justicia, donde se trabaja el proyecto de enmiendas.
Nuevo cargo a notarios De igual forma, la abogada sostuvo que debe aumentarse el pago de derechos en el caso de planos de proyectos de desarrollo y dijo que ha estado en conversaciones con desarrolladores y con el sector bancario para hacerles conscientes de la situación. Al presente, el Registro cobra $1 por inscribir tales documentos, independientemente del número de páginas y de su complejidad, lo que requiere conocimientos en arquitectura, ingeniería y hasta diseño de jardines. De igual forma, se considera cobrar por el almacenaje a aquellos abogados que al cabo de 30 días no recojan los documentos notariales. La ley permite al Registro destruir tales documentos al cumplirse ese plazo, explicó Valentín. Pese a que el Registro gestiona miles de millones de dólares, los recursos que genera van al Fondo General y recibe a cambio de sus servicios menos de una cuarta parte de tales ingresos. Las modificaciones estarían ante la consideración de la Legislatura antes de que concluya el año.
Tapón de documentos Aunque Valentín está consciente de la situación económica actual, los aumentos que pondera la dependencia, son necesarios para poner al día el Registro, entidad que hasta diciembre pasado tenía unos 596,000 documentos pendientes para procesar. Ese número representa un alza de 40% en relación al 2003, cuando se adoptó el sistema mecanizado ágora, que la abogada espera actualizar solicitando unos $9 millones en fondos federales. No obstante la registradora hizo hincapié en que el atraso del Registro no afecta las certezas que tiene un consumidor con respecto a su propiedad una vez se presentan las escrituras u otros documentos relacionados. Sí admitió que el retraso dificulta los trámites que efectúan los consumidores, ya sea individualmente o mediante abogados, a la hora de comprar una propiedad, refinanciar, vender el inmueble, la repartición de una herencia o la ejecución del inmueble por falta de pago o para cobrar por deudas existentes. A manera de ejemplo, el atraso del Registro es tal que hay residencias, con años de construidas, que están siendo objeto de ejecución y todavía esperan su turno (en el argot, se conoce como asiento y diario) para ser inscritas en el Registro.
