29 de abril de 2009

El Vocero

El comisionado residente Pedro Pierluisi confía tener buenas noticias para los consumidores boricuas esta semana, el que con un voto rotundo el Congreso va a respaldar renovados esfuerzos legislativos y dar comienzo al fin de los abusos en los cargos y condiciones que los bancos están imponiendo a los tenedores de las tarjetas de crédito.

Aunque la votación en la Cámara de Representantes es sólo un primer paso en el polémico y largo proceso de aprobación de la Ley de Protección de los Derechos de los Tenedores de Tarjetas de Crédito, Pierluisi dice que "este es un paso bien importante, porque lo que se va a considerar es legislación donde las encuestas que se han hecho han encontrado que el 90% de la población está a favor".

Entre los que se han expresado vocalmente a favor de los cambios está el presidente Barack Obama, quien se reunió la semana pasada con una delegación de banqueros, cuya industria se opone a la reforma propuesta y alega que los cambios son innecesarios.

"Se tienen que acabar los tiempos de alzas en las tasas de intereses en cualquier momento, por cualquier razón y las trampas de las penalidades por pagos tardíos", advirtió Obama en una reunión en Casa Blanca con los ejecutivos de las principales compañías que emiten tarjetas de crédito en Estados Unidos. "No más letritas ilegibles, no más términos y condiciones confusas."

Pierluisi no sólo está de acuerdo, sino que opina que el oponerse a una reforma tan necesaria en estos tiempos de una economía maltrecha es el suicidio político.

Con un mercado de tarjetas de crédito en Puerto Rico de $5,000 millones al año, para los puertorriqueños es clave la aprobación de esta ley, dice Pierluisi, quien explica que en la Isla se estima que circulan 1.3 millones de tarjetas de crédito en manos de 800,000 usuarios, o 600,000 hogares.

Con estas estadísticas a la mano, este flamante legislador apunta que la aprobación de esta ley propuesta por la congresista demócrata por Nueva York, Carolyn Maloney, también podría eventualmente ser una tabla de salvación para muchos consumidores boricuas ya que limita muchos de los cambios alegadamente onerosos en las condiciones que los bancos emiten el credito.