28 de abril de 2009

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Nueva York, 27 abr (EFE).- La Fiscalía de Nueva Jersey presentó hoy cargos contra tres latinos y dos corporaciones del condado de Union City, lo que aumenta a 92 el número de acusados por presuntamente cometer fraude con embargos hipotecarios en el Estado.

De acuerdo con la Fiscalía, los acusados prometían ayuda a los propietarios de las viviendas que tenían serias dificultades para mantener sus hogares, pero, en su lugar, compraban la residencia con descuentos exorbitantes "sometiendo a sus víctimas a prácticas predadoras con ciertos acuerdos de venta-alquiler".

Los propietarios eran desalojados de sus viviendas antes de venderla a otros compradores, agregó en comunicado de prensa.

Las compañías acusadas fueron identificadas como "Property Solutions of NJ, Inc." y "PSRE Holding Company, LLC".

Igualmente, fueron acusados Edward Toledo, presidente de "Property Solutions" y miembro de "PSRE" así como León Toledo, vicepresidente de "Property Solutions" y Raymond Vega, tesorero de la compañía y también miembro de PSRE.

Cada uno fue acusado de violar la Ley contra el Fraude al Consumidor a través de "inconcebibles prácticas comerciales, falsas promesas y falsas declaraciones".

La demanda involucra además a nueve personas por cargos de fraude en embargos hipotecarios, que han sido identificadas por el Estado, para un total de 92 individuos y corporaciones acusadas hasta el momento.

La Fiscalía explicó que las estafas afectaron a personas que trataron de adquirir propiedades para inversión, otras en que las víctimas trataban de mejorar su situación mediante la oportunidad de alquilar su propia vivienda y la más reciente, los fraudes a familias desesperadas con problemas para cubrir los pagos de hipotecas y la necesidad de obtener alguna ayuda para librarse de la ejecución del embargo.

"El hilo vinculante en estos casos es que los demandados no sólo robaron el dinero de esta gente sino también sus esperanzas", señaló la fiscal general, Ann Milgram.

"En este caso, los acusados explotaron con crueldad los temores de propietarios que luchaban por su vivienda. Ellos les prometieron encontrar soluciones financieras a personas desesperadas a punto de perder su hogar, pero, al final, los beneficios sólo fueron para ellos mismos", afirmó Milgram.

Explicó además que los Toledo y Vega generalmente contactaban a los propietarios de viviendas en ejecución hipotecaria o bien poco antes, o poco después, que éstas fueran subastadas en ventas efectuadas por la Oficina del Alguacil del Condado.

Luego, se comprometían a salvar la propiedad pagando las cuentas, ya fuera previo a la venta por el alguacil o dentro del periodo de gracia posterior a la venta.

Usando esa táctica, los acusados adquirían las viviendas por una cantidad menor que aquellas que se han vendido por medio del alguacil.

Como parte de la "aparente" solución que ofrecían a las víctimas, los acusados lograron llegar a un acuerdo de "venta-alquiler" con los propietarios que les permitiría volver a comprar la propiedad en términos sumamente desfavorables, a veces dentro de un periodo de 90 días.

Igualmente, se informó que aunque parte del acuerdo era permitir al propietario permanecer en la vivienda, cada mes los acusados les solicitaban un alquiler más alto que lo que pagaban por la hipoteca, lo que tenía como resultado que muchas veces la víctima tenía que irse o era desalojada.

La fiscalía acusó además a los Toledo y Vega de haber mentido sobre su experiencia en la industria y su capacidad para garantizar la financiación que ayudara a las víctimas a recomprar sus viviendas.

Además de las sanciones y la devolución de dinero a las víctimas, el Estado busca prohibir que los Toledo, Vega, Property Solutions y PSRE vuelvan al negocio de las bienes raíces.EFE