27 de abril de 2009

El Nuevo Herald

Todd E. Watson, dueño del South Florida Pain Relief and Injury Center, está en una celda de Broward un mes después de ser arrestado por cargos de tráfico ilegal de analgésicos por receta.

Pero la actividad de su clínica en Oakland Park no ha disminuido.

Mientras los legisladores estatales se preparan para aprobar reformas con el fin de controlar el tráfico ilegal de medicamentos contra el dolor en este tipo de clínicas en el sur de la Florida, el caso de Watson subraya los resquicios jurídicos que han permitido la proliferación de este tipo de establecimiento ante la poca supervisión de las autoridades, que las propuestas dejan sin solucionar.

El sur de la Florida, y Broward en particular, se ha convertido en el mayor proveedor de narcóticos por receta en el mercado negro, según las autoridades de salud y la policía, una tendencia alimentada por una industria local de supuestas clínicas para el tratamiento del dolor, cuyos establecimientos han aumentado de 60 a 150 clínicas en la región en los últimos 12 meses.

Según la Dirección Antinarcóticos (DEA), 50 médicos de la Florida emitieron recetas para unos 9 millones del peligroso sedante oxicodona durante seis meses el año pasado.

Los investigadores afirman que esas clínicas impulsan una epidemia de muertes por sobredosis de analgésicos por receta desde la Florida hasta los Apalaches. La crisis ha hecho que la Legislatura, tras siete años de inactividad sobre el tema, haya comenzado a tomar medidas para fiscalizar e impedir la venta indiscriminada de analgésicos por receta.

El viernes el senado estatal aprobó un proyecto de ley que crea una base de datos para rastrear las recetas de narcóticos de médicos y farmacéuticos, un medio de detectar a los adictos que compran las píldoras a varios médicos.

El proyecto de ley del Senado también contempla que estas clínicas se inscriban ante las autoridades estatales y se sometan a inspecciones anuales del Departamento de Salud. Actualmente la mayoría de las clínicas operan sin supervisión o ni siquiera el conocimiento de las autoridades estatales de salud.

Se espera que la Cámara vote sobre el proyecto de ley a principios de semana.

Pero incluso si las reformas se implementan, muchas de estas clínicas seguirán operando con mucha menos supervisión que otras organizaciones de salud.

Por ejemplo, el proyecto del Senado no exige la verificación de antecedentes para los dueños ni el personal de la clínicas, algo que las leyes estatales requieren para la mayoría de las personas que trabajan en la mayor parte de otras instalaciones, y que la ley exige en la mayoría de las instalaciones de salud.

De modo que las reformas no tocarían a gente como Watson, que fue arrestado, que todavía es propietario de la clínica y que presumiblemente sigue operándola en East Commercial Boulevard, a pesar de dos recientes arrestos por cargos graves relacionados con drogas.

Watson, de 45 años, fue arrestado el 6 de febrero bajo cargos de conducir ebrio y posesión ilegal de oxicodona, cuando el Mercedes que conducía se subió a una acera para evadir a un policía de Broward que lo quería detener por exceso de velocidad, según el informe de arresto. El policía dice que encontró 16 píldoras de oxicodona en el automóvil de Watson en un frasco con la etiqueta de otro medicamento.

El 24 de marzo, Watson, que no es médico, fue nuevamente arrestado bajo cargos de entregar una receta falsa a un informante de la policía para comprar oxicodona, según documentos judiciales, en los que también se constata que los detectives lo arrestaron al observarlo recibir un frasco del informante en el estacionamiento de un hotel Days Inn.

Watson, de Cooper City, se ha declarado inocente en ambos casos y sigue detenido con una fianza de $500,000.

Watson tiene antecedentes penales que incluyen una declaración de culpabilidad de cargos agresión física y fraude contra el bienestar social. También asistió a dos programas de tratamiento de 30 días contra la adicción a las drogas en el 2005 y el 2006.

Los documentos muestran que Watson abrió la clínica en mayo pasado u que en otro momento fue dueño de un centro tomografía computarizada (MRI) en Hallandale Beach.

C. Craig Stella, el abogado de Watson, dice que su cliente planea defenderse y que no hay alegaciones de nada indebido en la clínica de Watson.

"Según lo que conozco de la clínica, opera legítimamente', dijo Stella.

El médico osteópata que trabaja en la clínica de Watson, la Dra. B. Marilee Glauser, estaba fuera de la ciudad la semana pasada y no respondió a llamadas para que comentara al respecto.

Un estudio del Herald identificó a otros seis dueños o médicos de una clínica contra el dolor en el sur de la Florida con condenas por delitos graves.

En otros tipos de clínicas en la Florida los dueños y empleados tienen que someterse a una verificación de antecedentes penales. Los que sean culpables de alguno de más de 40 tipos de delitos, como infracciones graves y relacionados con drogas, están excluidos según las normas de la Dirección de Administración de Atención a la Salud (AHCA).

La AHCA tiene amplia autoridad de inspeccionar clínicas para garantizar cumplimiento de criterios médicos, dice Dennis LaRosa, administradora de operaciones de la Health Care Clinic Unit de la AHCA. La entidad puede suspender o revocar la licencia de una clínica por infracción de normas, o incluso cerrarla.

Pero según las leyes estatales la AHCA sólo tiene autoridad sobre clínicas que aceptan seguros y la mayoría de las clínicas para el dolor solamente aceptan efectivo.

El proyecto de ley del Senado estatal no exige que estas clínicas tengan licencia de la AHCA. ‘‘Cualquiera que distribuya narcóticos debe estar sujeto a cierta supervisión', dice el capitán Allen Siegel, de la Policía de Hollywood, que dirige un equipo especial antinarcóticos en el sur de Broward. "Ese es el gran problema de estas clínicas: no necesitan probar que tienen ninguna experiencia o conocimientos en materia médica.

La policía y los defensores de los servicios médicos afirman que el proyecto del Senado tiene el medio más importante para controlar fraude en materia de medicamentos por receta: una base de datos para fiscalizar la venta.

Hay 38 estados con programas similares para erradicar la compra mayorista de analgésicos por receta y los investigadores creen que la falta de un programa de supervisión ha convertido a la Florida en un imán para adictos y traficantes, en su mayoría de otros estados, con la esperanza de evadir la detección.

Gente de Kentucky, Tennessee y Ohio, estados que tienen programas de supervisión, viajan continuamente a la Florida para comprar analgésicos por receta en clínicas locales. Pero los médicos y detectives de la Florida no tienen manera de rastrear a los pacientes que compran los medicamentos a varios médicos.

"Hay muchas cosas en el proyecto de ley que creemos no se están atendiendo. No obstante, es un buen comienzo', dijo Siegel. "Le dará a la policía cierta ventaja'.

Algunos han criticado el proyecto de ley diciendo que es demasiado moderado porque permite a los médicos esperar 15 días para someter la información sobre la receta a la base de datos. Pero hay otros estados que contemplan ese mismo período.

En el programa de supervisión de Kentucky, considerado un modelo nacional, los médicos tenían 16 días para someter la información. Ahora la ley impone un límite de ocho días, que pronto se reducirá a siete, dijo Dave Hopkins, director del programa en Kentucky.

Hopkins dice que la base de datos es muy útil para detectar la frecuencia de compra de estos medicamentos en cierto período, de modo que los 15 días no es un gran problema.

"La Florida tiene que implementar programa', dijo.