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  Por el libro
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11 de abril de 2009

El Pais

El juez encargado del caso Madoff ha autorizado a las víctimas de la multimillonaria estafa del inversor neoyorquino para que fuercen su bancarrota involuntaria, a fin de asegurarse de que todos sus activos sean utilizados para pagar a los acreedores. Pese a las objeciones de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC en inglés) y los administradores concursales de la empresa Bernard Madoff Invetment Securities, el magistrado considera que los afectados tienen derecho a reclamar incluso los activos del empresario que no procedan del fraude.

Según el juez, del Distrito Sur de Nueva York en Manhattan, la ley de bancarrota estadounidense es el mejor y más experimentado sistema para resolver las demandas de los acreedores sobre los activos del empresario, de los que solo se excluyen aquellos que los fiscales pudieran confiscar en el marco de su investigación por los delitos de fraude cometidos por Madoff.

Madoff fue detenido el pasado 11 de diciembre, cuando confesó haber montado un gigantesco fraude a través de una estructura piramidal con la que captó fondos de miles de inversores de todo el mundo, y a través de la que pudo haber estafado, según él mismo confesó al tribunal, hasta 50.000 millones de dólares (37.670 millones de euros). Es el mayor fraude del que se tiene noticia hasta ahora.

A mediados del mes pasado el financiero se declaró culpable de 11 delitos relacionados con fraude y "lavado de dinero", tras lo cual el juez ordenó su ingreso inmediato en prisión, después de permanecer tres meses en libertad bajo fianza de 10 millones de dólares. Ahora está a la espera de que concluya el juicio y se enfrenta una pena de hasta 150 años de cárcel.

La fortuna de Madoff ascendía a finales de 2008 a 823 millones de dólares (620 millones de euros), incluidos 22 millones de dólares (16,5 millones de euros) en propiedades, un yate de siete millones de dólares (5,2 millones de euros) y un barco de 2,2 millones de dólares (1,6 millones de euros), según la documentación judicial aportada por la SEC.