7 de abril de 2009

La Opinion

WASHINGTON, DC.— Altos jerarcas federales y estatales anunciaron ayer amplias medidas represivas para las estafas relacionadas con modificaciones de hipotecas, acusando a "delincuentes" de aprovecharse de prestatarios desesperados que quedaron atrapados en la crisis inmobiliaria de Estados Unidos.

Las autoridades del gobierno aseguran que los estafadores están buscando aprovecharse de los prestatarios en riesgo de incumplimiento de pago cobrándoles por adelantado tarifas de 1,000 a 3,000 dólares por realizar modificaciones en los préstamos que solamente en raras oportunidades, si es que alguna vez lo hacen, valen la pena.

Las estafas suelen involucrar a empresas con nombres que parecen ser oficiales, diseñados para hacer creer a los prestatarios que están recurriendo a las medidas de la administración Obama para ayudar a modificar o refinanciar 7 a 9 millones de hipotecas.

Las autoridades aseguran que ese tipo de operaciones casi siempre son fraudulentas, y que esa ayuda la ofrecen gratuitamente asesores inmobiliarios aprobados por el gobierno.

"Mediante esas estafas se apoderan de manera desalmada de los ahorros y posiblemente de los hogares de los estadounidenses", dijo Timothy Geithner, secretario del Tesoro. "Clausuraremos las empresas fraudulentas con mayor rapidez que antes. Nuestro objetivo serán empresas que de otra manera pasarían desapercibidas bajo el radar".

La Comisión Federal de Comercio (FTC) envió cartas de advertencia a 71 empresas que, según asegura, estaban presentando anuncios sospechosos. La agencia también aseguró que presentó tres nuevas quejas contra Federal Loan Modification Law Center LLP, con sede en Northridge, California, Bailout.hud-gov.us, con sede en Newport Beach, California y Home Assure LLC, con sede en Clearwater, Florida, y los operadores de esas empresas.

El mes pasado la FTC presentó casos contra otras dos empresas. Hope Now Modifications LLC y New Hope Modifications LLC.

Eric Holder, Procurador General, segura que el FBI está investigando aproximadamente 2,100 casos de estafas en hipotecas, un aumento del 400% con respecta a cinco años atrás.

"Si usted discrimina a prestatarios o se aprovecha de propietarios vulnerables mediante hipotecas fraudulentas, lo encontraremos y lo castigaremos", dijo Holder.

En el último año, gran cantidad de propietarios han acudido a los procuradores generales de los estados con quejas acerca de asesores para modificación de préstamos que cobran por sus servicios. Aunque muchos de ellos son genuinos, las autoridades aseguran que muchos son estafadores.

"Manténgase lejos de quienes dicen que le ayudarán a salvar su casa a cambio de dinero por adelantado", dijo Lisa Madigan, Procuradora General de Illinois, a los periodistas en Washington. Esas afirmaciones, dijo, "casi siempre son estafas".

Los propietarios de viviendas no deben pagar nada por anticipado en el programa de la administración Making Home Affordable, que tiene como objetivo evitar embargos haciendo que los propietarios puedan pagar las hipotecas mediante refinanciaciones o modificaciones a los términos.

Otras señales de estafas en hipotecas, según la FTC, son: promesas de detener el embargo o modificar un préstamo, garantías de que salvarán su casa y afirmaciones de "tasa de éxito del 97%" y uso de nombres que parecen ser oficiales.

Los carteles junto a la carretera en lugares como Las Vegas gritan "¡Salven mi casa!" y en avisos en la radio se promete "ayuda experta". Algunas empresas investigan registros de propiedad y envían documentos por correo diseñados para que parezcan que fueron escritos por el prestamista del propietario.

Algunos de los que hacen los ofrecimientos son ex agentes de bienes raíces y tasadores que han visto desaparecer su negocio anterior. Pero es difícil evaluar si los asesores genuinos son más eficaces que los asesores de crédito que no tienen fines de lucro y que también trabajan con los prestamistas sin cobrar.

Algunos estados endurecieron hace poco las multas por llevar a cabo estafas relacionadas con embargos, y algunos fiscales han usado estatutos de fraude ya existentes para presentar cargos penales. Pero muchos fiscales estatales no han presentado casos penales, sino que han iniciado juicios civiles.