26 de febrero de 2009

El Nuevo Dia

SAN JUAN — Un grupo de clientes de la Puerto Rico Telephone (PRT) presentó una querella ante la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones en la que reclaman alrededor de $10 millones por concepto de un cargo que la empresa les cobra mensualmente por su equipo telefónico.

Así lo confirmó hoy Miguel Reyes, presidente de la Junta Reglamentadora, quien precisó que la querella presentada el martes indica que, desde 1996, la PRT les facturó a los clientes residenciales y comerciales un cargo de un dólar mensual por concepto supuestamente del alquiler del equipo.

"En esta querella, los querellantes están reclamando la devolución de los cobros indebidos y que alegan fueron sobrefacturados. Ellos reclaman en la querella una cantidad no menor de 10 millones de dólares", afirmó a Prensa Asociada.

No fue posible obtener una reacción inmediata de la PRT.

Hasta mediados de la década de 1980, la compañía telefónica —entonces del gobierno— instalaba las líneas y el equipo, pero esto cambió desde entonces cuando el Congreso y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés) acordó eximir los aparatos de toda reglamentación como una medida para abrir la competencia y eliminar los monopolios en ese sector.

A raíz de esa desreglamentación, los clientes residenciales y comerciales pueden adquirir sus propios terminales y no es la compañía la que los provee.

Reyes indicó que la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones evalúa al presente si asume jurisdicción de la querella.

"De asumir jurisdicción, la Junta abriría un procedimiento donde le pediría al PRT que responda a esta querella, y de ser necesario iniciaría un proceso de descubrimiento de prueba en el que le pediría a las partes cualquier documento o evidencia", manifestó.

Reyes habló sobre la querella durante una vista pública de la Comisión cameral de Desarrollo Económico en la que favoreció una medida que enmendaría la ley orgánica de la Junta para darle a esa entidad la facultad de evaluar por iniciativa propia si los cargos establecidos por una compañía de telecomunicaciones están basados en el costo del servicio.