19 de febrero de 2009

El Nuevo Herald

Allen Stanford, el banquero texano acusado de un multimillonario fraude, estaba siempre muy pendiente de rodearse de prominentes figuras públicas. La razón, según uno de sus ex ejecutivos en Venezuela: "protegerse' de la mala fama que tradicionalmente arrastran los bancos que, como el suyo, operan en paraísos financieros donde se evaden impuestos o se lava dinero producto de actividades ilícitas.

Por esta preocupación, según le comentó a El Nuevo Herald un ex ejecutivo del banco en Venezuela, Stanford nombró como asesores a personajes como Peter Romero, subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Adolf Ogi, ex presidente de Suiza y Luis Giusti, ex presidente de la oficial petrolera venezolana PDVSA.

Stanford presentaba con orgullo a su jefe de seguridad, Thomas Raffanello, ex director de la DEA en Miami y sus relaciones públicas eran manejadas por Lula Rodríguez, quien trabajó en la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Estado en Washington.

Al mismo tiempo el Grupo Stanford cabildeaba en Washington a través de la firma del ex congresista texano Bern Barnes.

En el 2008 pagó a la firma de cabildeo $500,000 por gestiones "para el desarrollo del Caribe, específicamente, las Islas Vírgenes'.

Las comisiones congresionales presididas por el ex líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Tom DeLay, pagaron vuelos en los aviones de Stanford al menos 16 veces del 2003 al 2006, según las declaraciones financieras de DeLay.

De acuerdo con la agencia Bloomberg, Stanford ha donado $16,200 a políticos y comités de acción política desde el 2000, según registros de la Comisión Federal Electoral. Dio $4,200 a DeLay, republicano de Texas, y $3,000 al presidente de la comisión bancaria del Senado, Christopher Dodd, demócrata de Connecticut.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó al banquero, otros dos directivos y dos filiales del conglomerado financiero de supuesto fraude masivo de más $8,000 millones según una demanda radicada esta semana.

A raíz de la medida y de reportes que se publicaron con anterioridad a la intervención, cientos de clientes del grupo se presentaron a retirar su dinero en bancos en Antigua, México, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

En Venezuela la superintendencia bancaria reportó, según el diario Panorama de Maracaibo, que las oficinas del banco continuaban operando normalmente aunque con retiros por encima del margen normal. "Stanford siempre tuvo una mala imagen, una imagen frágil y el hecho de tener un negocio off shore exitoso hacía que la competencia siempre hablara mal', comentó Gonzalo Tirado, un ex ejecutivo del banco en Venezuela en una entrevista inédita hace un año y medio con El Nuevo Herald.

"Si tu tienes a Romero de asesor, ¿quién va a decir que estás en algo ilegal?", preguntó Tirado, quien trabajó 14 años en el grupo en Venezuela y fue uno de los ejecutivos más cercanos a Stanford hasta que salió en 2005 a raíz de una disputa con Stanford.

Romero dijo a El Nuevo Herald que "durante varios años' actuó como asesor del banco, pero rehusó referirse a Stanford y la intervención del banco.

Tampoco quiso comentar un episodio en el que supuestamente habría intervenido, por solicitud de Stanford y ya retirado del Departamento de Estado, para presionar a la Embajada de Estados Unidos en Venezuela a fin de que se revocara el visado estadounidense de Tirado.

El Stanford International Bank, intervenido por la SEC, tiene sede en Antigua. Tirado explicó que a pesar de que el grupo trataba de no violar las disposiciones que prohibían abrir cuentas en Antigua desde las filiales en Venezuela, México, Ecuador y Perú, la operación se salió del control en dos ocasiones y estuvo a punto de desplomar la solidez del banco.

La peor crisis se vivió en el 2005, explicó, cuando autoridades mexicanas detuvieron a una funcionaria del banco que se disponía a salir de México hacia Ecuador en un avión privado con $7 millones en cheques no declarados.

Según Tirado, quien tuvo que lidiar con la crisis, Stanford destinó unos $20 millones para contratar abogados y hacer una campaña publicitaria que neutralizó el caso en México.

En medio de este fiasco, agregó Tirado, la Superintendencia de Bancos de Ecuador se enteró que la oficina de Stanford en Miami había hecho una distribución masiva de correos en América Latina ofreciendo la apertura de cuentas en Antigua.

La superintendencia ordenó una investigación que no llegó a su fin gracias a la intervención de un amigo de Tirado, superintendente en Venezuela que conocía al entonces superintendente de Ecuador.

El miércoles las autoridades normativas federales ignoraban el paradero de Stanford,