21 de octubre de 2005

WASHINGTON, D.C.? Las solicitudes de quiebra han alcanzado cifras récord en EU, donde cientos de miles de personas se han apresurado a declararse en bancarrota para evitar verse afectadas por una ley mucho más estricta que entró en vigor el lunes 17.

En lo que va del año se han declarado insolventes alrededor de 1.3 millones de estadounidenses, un 11% más que en el mismo período del año anterior, según la firma Lundquist Consulting.

Los motivos son comprensibles: a partir del lunes 17 costará más declararse en bancarrota, y además hay nuevos requisitos que hacen obligatoria la participación en cursillos sobre deuda y crédito.

La nueva ley ?que afecta más a los individuos que a las empresas? también complica el acceso al conocido como Capítulo 7 de la legislación, que hasta el lunes condonaba el total de las deudas a los consumidores en apuros, aunque las posesiones materiales pasaban a manos del banco.

En lugar de eso, la ley busca que los individuos se acojan al Capítulo 13, que establece un programa de pago de la deuda contraída en un período de cinco años.

Los cambios han provocado un acalorado cruce de acusaciones entre banqueros, abogados y consumidores.

La opinión de la banca, la única en celebrar las novedades regulatorias, es que la antigua legislación dejaba un hueco para cometer abusos.

?El problema hasta ahora es que alguna gente utilizaba la ley como una herramienta financiera?, dijo Laura Fisher, portavoz de la Asociación de Banqueros de Estados Unidos (ABA), quien añadió: ?Básicamente, lo que ocurría es que la gente abusaba del sistema?.

Según las estimaciones de la ABA, el sector financiero perdió unos 60,000 millones de dólares en el último año por deudas incobrables.

Fisher destaca, de todos modos, que el porcentaje de ?abusadores? es relativamente pequeño, y lo cifra entre el 5% y el 10% del total.

La asociación de banqueros dice que ese 10% con ingresos más altos será el que tendrá que pagar parte de sus deudas y que el resto todavía disfrutará de la condonación.

En el despacho de Stuart Gelberg, un abogado neoyorquino con 25 años de experiencia en trámites de bancarrota, las cosas se ven de otra manera. Durante los últimos meses, los clientes no han dejado de llamar a la puerta de su oficina.

?Lo primero que querían saber antes era cuánto costaban mis servicios; últimamente sólo llamaban para preguntar cuándo podían pasar por aquí?, dijo Gelberg.

En su opinión, la ley favorece a los deudores ricos frente a los pobres.

La normativa aumenta significativamente el volumen de papeleo que tendrán que presentar los abogados, de ahí que la Oficina Presupuestaria del Congreso prevea un aumento de entre 150 y 500 dólares por caso.

Gelberg destaca que el incremento deja el trámite, que oscila ya entre los 600 y los dos mil dólares, fuera del alcance de muchos bolsillos.

Elizabeth Warren, profesora de la Universidad de Harvard, dice que la bancarrota no es ?como algunos quieren hacer creer? un recurso de pícaros.

Estudios realizados por la académica indican que en el 80% de los casos el motivo para declararse en bancarrota es la pérdida de trabajo, problemas médicos o un divorcio.

Según Warren, los solicitantes son ?familias comunes de clase media? incapaces de capear una tormenta económica. La profesora de Harvard cree que la ley anterior no protegía suficientemente a esas familias y el actual endurecimiento legislativo promete dejarlas más desvalidas.

Natalie Martin, del Instituto Estadounidense de Bancarrotas, un organismo independiente, dijo que la nueva ley se concentra demasiado en la idea del ?abuso?.

?Se trata de una ley impulsada por las empresas de tarjetas de crédito que hace que resulte más difícil acogerse a la protección legal?, concluye Martin.

Los estadounidenses tienen deudas por valor de 11 billones de dólares y activos totales de 61 billones, según Lehman Brothers.

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