12 de febrero de 2006
La propuesta lanzada hace unos meses por el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Kevin Martin, para incrementar los impuestos que van destinados al llamado Fondo de Servicio Universal continúa generando preocupación entre los defensores de los derechos de los consumidores. Hasta el momento, más de 600 mil usuarios han hecho llegar a la FCC ?por medio de la Coalición Keep US Fair? su desacuerdo sobre el plan que pretende aumentar de manera fija entre uno y dos dólares las facturas telefónicas de quienes hacen llamadas a larga distancia, en lugar de basarse en el uso de la línea como hasta ahora. En la actualidad, las compañías de telecomunicaciones, incluyendo las que ofrecen servicios celulares y ubicadores (pagers), son las únicas que por normativa federal deben contribuir con sus ganancias a este fondo. Sin embargo, la medida que se estudia en la FCC dispone ampliar ese cargo también a los usuarios, aunque al mes realicen pocas llamadas al extranjero o a otros estados. De acuerdo con Keep US Fair, la medida perjudicaría especialmente a quienes aun teniendo contratado el servicio utilizan más el celular para sus llamadas, así como las cabinas telefónicas y las tarjetas de prepago. La organización estima que al menos 43 millones de usuarios hacen un reducido uso de llamadas de larga distancia, pero que terminarían contribuyendo con más de 700 millones de dólares de producirse el aumento de impuestos. ?Uno de los aspectos más preocupantes de esta propuesta es que todavía nadie ha estimado los efectos que podría tener en los usuarios de bajos recursos?, dijo Linda Sherry, directora de temas nacionales de la organización Acción del Consumidor, refiriéndose a que unos 16 millones de afectados reportan pocos ingresos pese a que tendrían que pagar 383 millones si se aprueba el plan. ?No es razonable para la FCC querer hacer esos cambios sin ver antes quién podría pagarlos?.Tanto la FCC como la Asociación Hispana de Responsabilidad Corporativa estiman que los consumidores latinos hacen un mayor uso de las tarjetas y servicios de prepago que los usuarios blancos no hispanos, a parte de los 833 dólares que en promedio gastan al año para pagar las facturas telefónicas. Para Ana Montes, directora del Foro de Asuntos Latinos, sobre tecnología y educación al consumidor, ?todos los usuarios de comunicaciones deberían pagar su parte justa a este fondo?, donde, según la coalición, los clientes más perjudicados serían los residentes de California, Arizona, Texas, Florida y Nueva York debido al alto número de inmigrantes que tienen familiares en otras partes tanto del país como del planeta.
