9 de mayo de 2006

WASHINGTON, D.C..? De los más de tres millones de hispanos beneficiarios de Medicare elegibles para la Parte D (medicinas recetadas), 2.1 millones se han inscrito, aseguró ayer a La Opinión el subdirector de medios de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), Peter Ashkenaz. Pero un reporte que se dará a conocer hoy, martes, por el Institute for America's Future, junto a grupos hispanos nacionales como LULAC, y la congresista demócrata de California, Hilda Solís, solicitará una extensión de la fecha límite de inscripción (15 de mayo) hasta el 31 de diciembre y pedirá que se eliminen las penalidades mensuales por inscripción tardía.

Los autores del reporte cuestionan, además, si la cifra de 2.1 millones incluye a quienes quedaron inscritos en la Parte D de manera automática y a quienes se inscribieron voluntariamente. Si se sustrae la cifra de inscritos automáticamente, la cifra de latinos inscritos voluntariamente sería sustancialmente menor, indicaron. Por eso quieren que CMS divulgue la cifra exacta sobre la inscripción de hispanos.

La coalición pedirá, además, que el Congreso reconsidere el poder de negociación del gobierno para obtener las medicinas a un costo accesible, sobre todo para los ancianos hispanos.

"Hasta ahora 2.1 millones de hispanos elegibles se han inscrito, lo que supone cerca de un 70%... Esto demuestra que nos queda trabajo por hacer y estamos trabajando duro con organizaciones hispanas a través del país hacia esos fines", declaró Ashkenaz a La Opinión.

Jeff Cruz, del Campaign for America?s Future y uno de los autores del reporte, dijo a La Opinión que "de todos modos hay más de un millón de hispanos elegibles que no se han inscrito y que se beneficiarían de la extensión".

El reporte dice que barreras culturales, de idioma y económicas provocan que menos latinos se inscriban en la Parte D y que la fecha límite debe extenderse porque de lo contrario las penalidades mensuales por inscripción tardía terminarán costándole millones de dólares a los ancianos hispanos.

El estudio concluyó también que al impedir que el gobierno negocie los precios de las medicinas y obligue a los ancianos a elegir entre planes privados, supondrá costos excesivos de 59,300 millones de dólares en la próxima década a los ancianos hispanos, discapacitados y contribuyentes.

Lo más sencillo y eficiente, dice el estudio, habría sido agregar al Medicare tradicional la cobertura de medicinas "requiriendo que el Medicare negociara precios bajos con las farmacéuticas, como la Administración de Veteranos hace al presente".

"Pero lo que hicieron fue prohibir al Medicare que negociara precios bajos y obligar a los ancianos a escoger entre planes privados", señaló Cruz.

Hay dos proyectos de ley, agregó, (HR752 y el S345) que cambian las reglas de negociación para garantizar precios más bajos en las medicinas para latinos y discapacitados.

Cruz agregó que para los dos millones de latinos que según el CMS se han inscrito "tener una cobertura garantizada del Medicare con precios negociados proveerá a nuestra comunidad más ahorros sustanciales que la Parte D actual".

Sin embargo, el CMS envió a La Opinión dos documentos que dicen que quitarle al gobierno el poder de negociación de los precios no tiene ningún efecto sustancial en el costo de las medicinas. Una carta que envió la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) al líder de la mayoría republicana Bill Frist, en 2004, dice que permitir que el gobierno intervenga en las negociaciones tendrá un efecto insignificante en el gasto federal "porque el CBO calcula que se obtendrán ahorros sustanciales de los planes privados y que el secretario [de Salud] no podrá negociar precios que reduzcan el gasto federal en grado significativo". ..."Los planes privados tendrán fuertes incentivos para negociar precios de descuento para controlar sus propios costos y para atraer inscriptores...", dice la carta.

Otro memorando del CMS de 2005 dice que los planes privados "pueden negociar mejores precios y descuentos" y por ende, "ofrecer primas más bajas a los beneficiarios".

Sobre la urgencia de extender la fecha límite de inscripción, el reporte dice que los ancianos hispanos tienden a vivir más que sus contrapartes y su salud tiende a ser más precaria, padecen de más enfermedades crónicas y tienden, por lo tanto, a depender más de medicinas recetadas. Además, una inmensa mayoría tiene ingresos por debajo del nivel federal de pobreza.

Por ejemplo, casi 20% de los latinos beneficiarios de Medicare son menores de 65 años de edad y sufren de algún padecimiento que lo ha incapacitado de manera permanente comparado con sólo 12% de todos los beneficiarios. De todos los beneficiarios latinos, el 62% tiene ingresos por debajo del 150% del nivel federal de pobreza comparado con el 32% de los beneficiarios anglosajones.

"El hecho de que los latinos sufran desproporcionadamente de ciertas enfermedades crónicas y de que tengan un alto índice de enfermedades mentales hace que sea, especialmente, importante tratar de llegar a este sector de la población con la Parte D (del Medicare)", dice el estudio.