22 de junio de 2006
La Policía ha detenido en Málaga a los ocho responsables de un grupo organizado de fraudes multimillonarios y masivos en la reventa de multipropiedad que afecta a más de 15.000 víctimas y con el que supuestamente obtuvieron beneficios de unos 18 millones de euros.Según informó la Dirección General de la Policía, en esta operación denominada "Trafalgar" ha quedado desmantelada la cúpula de esta red, que operaba desde la Costa del Sol y que desde el año 2000 utilizó a 300 empresas y a más de 1.000 personas para cometer sus fraudes.Los arrestados son originarios del Reino Unido, Sudáfrica, Bélgica y Noruega y han sido detenidos en las localidades malagueñas de Fuengirola, Mijas y Coín. La trama de este fraude se inició hace seis años, cuando un grupo de personas, provenientes de las Islas Canarias, se estableció en la Costa del Sol, Fuengirola y Mijas, donde la red comenzó a desarrollar una serie de estructuras empresariales con ánimo defraudatorio en el ámbito de la multipropiedad y dirigido al mercado anglosajón y al centroeuropeo. Estas estructuras empresariales consistían en sociedades legales registradas en España a nombre de los principales implicados en esta estafa y desde las que, utilizando teleoperadoras, se ponían en contacto, por un lado, con los propietarios de tiempo compartido, a los que ofrecían la posibilidad de vender su semana y, por el otro, con posibles compradores. Las estafas revestían numerosas variedades, una de ellas consistía en engañar a los propietarios, tras llegar a un acuerdo inicial con ellos, para que realizaran transferencias económicas a España, para lo que les daban continuas justificaciones de pagos por gastos notariales, gestión o por impuestos. Hasta que no pasaba mucho tiempo y los propietarios no veían que sus expectativas de venta no se cumplían, no se daban cuenta de la estafa. Otra forma de estafa consistía en vender el mismo producto vacacional a diferentes personas cuando no disponían de él. Un tercer tipo de estafa se basaba en revender la semana compartida a más de una persona, consiguiendo un beneficio multiplicado, por una parte del vendedor, y por otra de los variados compradores. También se brindaban como una empresa que, con documentación falsificada tanto de notarios como de abogados españoles, se ofertaba para emprender acciones legales en contra de las empresas timadoras, volviendo a estafar a las víctimas. Un año después de que se iniciara la trama, los investigadores constataron un cambio en la cúpula de la red, ya que la dirección comenzó a utilizar a terceras personas para dejar de ser las partes visibles de la multitud de empresas que crearon. En los años sucesivos cada vez se utilizaba a más personas interpuestas, pero siempre eran controladas por el principal artífice de todo el entramado, Willenm Marthinus P., quien utilizaba a algunos de sus colaboradores para ejercer coacciones y amenazas. La red podría haber alcanzado unos beneficios estimados en 18 millones de euros, una cifra que podría representar más del 90 por ciento de la estafa en la reventa de multipropiedad anglosajona establecida en la Costa del Sol en los últimos años. Los ingresos generados por el fraude no se quedaban en España, ya que los principales implicados vivían de una forma relativamente sencilla, sin ningún tipo de ostentaciones y escasas propiedades, lo que lleva a los investigadores a la conclusión de que los mismos sólo son un escalón más en la estructura desmantelada. Además de Willem Marthinus P., sudafricano de 58 años de edad, también ha sido detenido Malcom David K., británico de 32, encargado de confeccionar la documentación y de conseguir las listas de los miles de propietarios de tiempo compartido. Otros detenidos son: Johannes V., belga de 51, actual encargado de la distribución de la documentación necesaria para articular este fraude, Gunn Iren K., noruega de 48, esposa de Willenm, los británicos Willy S., de 44, Steven Stewart R., de 53 y Rupert Quentin M., de 37, además del sudafricano Leon O., de 49. En los registros efectuados se ha encontrado abundante documentación en forma de contratos, listas de miles de propietarios - denominadas "leads"-, referencias bancarias y un arma de fuego.