30 de junio de 2006

Una iniciativa que podría prohibir al gobierno confiscar terrenos para construir desarrollos comerciales ya calificó para estar en boleta electoral de noviembre en las elecciones de California.

Los simpatizantes de la campaña Proteger Nuestras Casas recaudaron cerca de un millón de firmas, muchas más de las 600 mil requeridas para poner esta iniciativa en la boleta.

Ésta es una de muchas iniciativas que se presentarán al electorado a través de todo el país en respuesta a un fallo de la Suprema Corte emitido el año pasado dándole el derecho a un pueblo de Connectituc para expropiar ?el poder del gobierno para expropiar propiedades privadas para beneficio de toda la comunidad-? en un proyecto privado de construcción que incluye un hotel, condominios y espacios comerciales.

En California, la medida podría requerir del gobierno que ocupe y haga uso de la propiedad expropiad, pero no que negocie con ella. También incrementaría la cantidad que el gobierno debe pagar por la propiedad confiscada.

En particular, la medida contiene un lenguaje controversial, el cual requiere del gobierno compensar a los dueños de las propiedades si nuevas regulaciones no relacionadas directamente con la seguridad pública afectan el valor de la propiedad ?a menos que la propiedad esté exenta de nuevas regulaciones.

La Secretaría de Estado aún no ha asignado el número con el que la iniciativa aparecerá en la boleta electoral.

"Ésta es una gran noticia para todos los dueños de pequeños negocios en California, cuyas empresas están atrapadas en medio del fraude gubernamental para expropiar sus propiedades y luego cederlas a intereses privados con el fin de incrementar sus ingresos por medio de impuestos", dijo Martyn Hooper, director estatal de la Federación Nacional de Negocios Independientes de California (NFIB).

Muchos pequeños negocios, incluyendo algunos en el área de Los Ángeles ?particularmente en Hollywood? se encuentran ahora en una posición vulnerable ante los grandes proyectos de desarrollo económico.

Con la ley de expropiación, el gobierno tiene el derecho de expropiar una propiedad para usos quasi-públicos, tales como vías de trenes y cableado para servicios públicos, pero el año pasado la Suprema Corte, en el caso Kelo vs. New London, expandió ese derecho si se trata también de desarrollos económicos privados.

Si la proposición Proteja Nuestras Casas es aprobada por los votantes, limitaría el derecho del gobierno a expropiar propiedades -tanto comerciales como residenciales sólo para el uso tradicional y limitaría confiscaciones para intereses de desarrollo privado.