18 de octubre de 2006

A menos de un mes de que comience el cobro del impuesto sobre ventas y usos (IVU), el gobernador Aníbal Acevedo Villa convirtió en ley el proyecto que derogó ayer el arbitrio general de 6.6%.

La medida establece que los objetos que los comerciantes compren de ahora en adelante no pagarán el arbitrio general, de manera que cuando comiencen a venderlos a partir del 15 de noviembre sólo le impongan el nuevo IVU. Se espera que esa medida ayude a evitar la doble tributación.

La nueva ley establece que los comerciantes podrán pedir créditos por los productos que ya hayan comprado con un arbitrio general y que vayan a venderse a partir del 15 de noviembre. El crédito aplicará a compras hechas desde el pasado primero de julio hasta ayer, que hayan pagado el 6.6%.

Para solicitar ese crédito tendrán que someter unos documentos al Departamento de Hacienda. Los comerciantes que generen un volumen de ventas bruto de más de $500,000 tendrán que someter a Hacienda una certificación de parte de un Contador Público Autorizado.

Los comerciantes que generen ventas menores tendrán que someter una declaración jurada. No tienen que presentar las facturas de lo que hayan comprado, como decía la versión original de la medida legislativa.

"La firma de esta medida debe permitir que comiencen a bajar los precios de los artículos que, a partir de hoy (ayer), lleguen a la Isla", señaló el Gobernador.

En la medida se establece que el secretario del Departamento de Hacienda, Juan Carlos Méndez, podrá "adoptar los reglamentos necesarios para poner en ejecución esta ley".

De hecho, tan pronto se aprobó la medida, el secretario de Hacienda, Juan Carlos Méndez, dio órdenes en los muelles para que se dejara de cobrar el arbitrio general. En entrevista con EL VOCERO, sostuvo que es positivo que se haya derogado el arbitrio general y destacó que Hacienda comenzará a preparar el reglamento por el cual se concederá el crédito a partir del 15 de noviembre.

Mientras, el Primer Ejecutivo indicó ayer que instruyó al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Alejandro García Padilla, para que desarrolle una campaña con el fin de educar a los comerciantes para que bajen los precios de aquellos artículos por los que recibirán el crédito contributivo.

García Padilla, por su parte, se mostró satisfecho con la aprobación de la medida. Indicó que la nueva ley reducirá la posibilidad de que los consumidores sean objeto de una doble imposición a partir del 15 de noviembre.

"Agradezco además a las cámaras legislativas por la creación de esta importante medida que representa una importante herramienta para proteger a los consumidores puertorriqueños", dijo García Padilla.

El funcionario dijo que los comerciantes no tendrán excusas para cobrar el 6.6% en los productos.

"Lo único que hace falta es voluntad de ser justos con el consumidor", añadió.

Mientras, el presidente cameral, José Aponte, indicó que con la medida se hará justicia a los consumidores, ya que se supone que sólo paguen un arbitrio por los productos que compren a partir del 15 de noviembre.

Aponte insistió ayer en criticar al Senado porque no atendió la medida tan pronto le fue remitida por la Cámara de Representantes el 18 de septiembre. De hecho, la medida se supone que entrara en vigor el pasado domingo, pero el retraso por parte del Senado provocó que se atrasara la derogación al 17 de octubre.

"Me siento satisfecho de que se pueda hacer un tanto de justicia y digo un tanto porque este proceso ha sido un poco escabroso desde el punto de vista del retraso que tuvo el Senado para considerar la medida", dijo Aponte a EL VOCERO.

También criticó al Departamento de Hacienda porque, según sostuvo, en las negociaciones que se llevaron a cabo en la noche del lunes la agencia cambió varias veces sus versiones.

"Hacienda dice unas cosas y al ratito dice otras y eso fue parte del retraso? Dentro de todas esas situaciones negativas tengo que decir que me siento satisfecho de que el Gobernador haya cumplido con la palabra y que el pueblo pueda tener la esperanza de no pagar la doble tributación", añadió.

No obstante, el secretario de Hacienda aseguró a EL VOCERO que el retraso en la aprobación de la derogación se debió a las diferencias que existen entre el liderato cameral y el senatorial.

"El atraso se debió a las disputas entre la Cámara y el Senado. No tiene que ver con el Ejecutivo. No tiene que ver con Hacienda. Me parece que es una excusa más", aseguró Méndez.

EN CAMINO PLEITO LEGAL POR "SALES TAX"

Por otra parte, Aponte dijo a EL VOCERO que la delegación que representa no presentará un pleito legal en contra de la Rama Ejecutiva si ésta insiste en imponer un "sales tax" de 7% el 15 de noviembre. No obstante, no descarta unirse a alguna demanda que presenten ciudadanos afectados por el nuevo impuesto.

Señaló que ha habido varios grupos de ciudadanos afectados que se han acercado a la delegación novoprogresista de la Cámara de Representantes para buscar asesoría en torno a lo que pueden hacer si se aplica un "sales tax" de 7%. En la Cámara, los penepés insisten en que la medida que aprobaron establece un IVU de 5.5%, pero el Ejecutivo interpreta que permite uno de 7%, compuesto por un 5.5% a nivel estatal y 1.5% a nivel municipal.

"Actualmente estamos en conversación con grupos de ciudadanos que evalúan ir al tribunal? Nosotros como cuerpo no estaremos radicando directamente, pero entendemos que habrá en su momento un grupo de ciudadanos que acudirá. En ese momento no descartamos que la Cámara pueda participar en algún modo", dijo Aponte.