7 de octubre de 2008
Por: El Nuevo Dia
Puerto Rico fue eje de un esquema de conspiración que incluyó arreglar cotizaciones, elevar precios y repartir bienes entre clientes que transportan mercancía de Estados Unidos a la Isla en contenedores por el que se declararon culpables cuatro altos ejecutivos de compañías navieras estadounidenses.
Al hacer la denuncia, el copresidente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), Héctor Pesquera, indicó que los consumidores puertorriqueños han sido víctimas de “una estafa” a gran escala debido a que, bajo las leyes de cabotaje que reglamentan el tráfico de bienes y mercancías, Puerto Rico está obligado a importar y exportar sus productos en barcos de matrícula estadounidense.
Los ejecutivos convictos son Peter Baci, de Jacksonville, Florida; Kevin Gill y Gregory Glova, de Charlotte, en Carolina del Norte; y Gabriel Serra, de San Juan, Puerto Rico; especificó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado de prensa del 1 de octubre.
“Los puertorriqueños hemos sido estafados durante años”, aseguró Pesquera.
“Lo que hacían estos especuladores navieros, incluyendo un contacto en Puerto Rico, era aprovecharse de la injusta Ley de Cabotaje y añadir insulto al agravio. Se pusieron de acuerdo para subir los precios de todos los embarques y al no tener opciones con barcos de otros países, los consumidores puertorriqueños teníamos que pagar lo que ellos dijeran para transportar la mercancía a la Isla”, denunció.
El líder hostosiano señaló que el silencio oficial del gobierno local sobre este caso “es una señal de encubrimiento de un acto vergonzoso contra nuestro pueblo”.
Exhortó a las agencias gubernamentales concernidas a investigar y a informarle al pueblo sobre las consecuencias que esa actividad criminal ha tenido en el encarecimiento de los productos en Puerto Rico.
La conspiración comenzó en mayo de 2002 y duró hasta abril de este año.
El cuarteto se ponía de acuerdo para eliminar la competencia y subir los precios de mover la carga desde Estados Unidos hacia Puerto Rico.
La acusación, según el comunicado del Departamento de Justicia federal, señala que los conspiradores acordaron eliminar la competencia entre ellos, subir los precios, y arreglar cotizaciones sometidas tanto al gobierno de Puerto Rico como a clientes comerciales privados. Se les acusa también de acordar entre ellos aumentar el costo de las tarifas, los recargos y otros costos impuestos a sus clientes.
