Primera Hora

La Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión, conocida como la OFSA, reaccionó sobre los cargos criminales por apropiación ilegal y fraude presentados contra tres líderes relacionadas con el Programa de Comunidades Especiales.

“Este esquema de fraude es un hecho lamentable, el cual no se puede utilizar para generalizar la meritoria labor que realizan nuestros Líderes de las 729 Comunidades de nuestra Isla, quienes están comprometidos con su gente y trabajan arduamente para mejorar su calidad de vida”, expresó el Lcdo. José Giovanni Ojeda, Coordinador General de la OFSA. “No obstante, tenemos que dejar claro que en nuestro Gobierno no se permite ningún acto de corrupción; se encausa a todo aquel que le haya fallado al pueblo de Puerto Rico y, más aún, cuando se trata de defraudar a la gente humilde de nuestros Barrios y Comunidades”.

Este fraude afectó a más de 60 familias, las cuales provenían de Loíza y San Isidro en Canóvanas y, en su mayoría, madres solteras, matrimonios jóvenes con hijos, quienes no tenían residencia propia, vivían alquilados o con familiares. Las acusadas cobraban de $600 a $1,000 a estas personas para separar sus viviendas. También, le comunicaban que estaban designadas por el Departamento de la Vivienda (DV) para trabajar sus casos, lo cual resultó ser falso. Además, que tenían contactos en el DV para poder ayudarles en sus respectivas gestiones. La Corporación “Tocones se Levanta 2006” preparó un Formulario, en el cual solicitaban información, como si fuera una solicitud oficial para separar sus viviendas.

El Coordinador General de la OFSA, ordenó, como acción preventiva, que estas personas fueran removidas de la Lista Oficial de Líderes o Representantes de sus respectivas Comunidades, hasta que concluyera la investigación.