Primera Hora

La firma de abogados García, Franco & Asociados presentó hoy el primero de los cinco pleitos de clase que radicarán contra la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la compañía Transcore Atlantic, en los que buscan plantear irregularidades en el proceso de imponer multas del AutoExpreso, que devuelvan sobre $175 millones que han pagado los conductores desde 2003 y hasta imputar acciones criminales por parte de empleados de la empresa que opera el sistema.

El abogado Ignacio García Franco detalló en conferencia de prensa, realizada en las escalinatas del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, que este primer caso cobija a ocho demandantes a los que supuestamente le impusieron multas del AutoExpreso pese a que contaban con el dinero disponible a la hora de pasar por una de las plazas de peajes de las autopistas o recargaron su tarjeta en las 48 horas que tienen disponibles. El grupo alega, sin embargo, que no fueron notificados de esas multas hasta que les llegó la licencia para sacar el marbete.

Como primer paso, los demandantes solicitan un interdicto para que se detenga el cobro de multas por considerarlas “ilegales”.

Además, solicitan al tribunal que declare “inexistentes y nulas” todas las multas expedidas desde el 2003, cuando se estableció el AutoExpreso.

“La Ley de Tránsito dispone que antes de emitir una multa una vez el sistema electrónico detecta una infracción, un funcionario tiene que emitir una certificación juramentada. Hace dos semanas, la oficina hizo el requerimiento de las certificaciones de las multas dadas a los demandantes y no recibimos respuesta alguna... Lo que ha ocurrido con el AutoExpreso es que una máquina da la multa. Ese proceso es un fiasco”, sostuvo el abogado, quien estuvo acompañado por un grupo de manifestantes y algunos afectados.

García Franco expuso que el pleito incluye, además, una acción de cobro de dinero para que se desembolsen a los conductores multados los sobre $175 millones que creen se ha cobrado desde el 2003 en multas. Además, se solicitó un cese y desista para que no se continúe con la práctica de emitir multas sin las certificaciones juramentadas, como requiere la ley.

“De igual forma, se incluye una acción bajo la Ley Especial Contra el Crimen Organizado. Entendemos que en la medida que no existía causa válida para estar cobrando estas multas, eso constituye una apropiación ilegal de parte de Carreteras y la operadora privada”, dijo el abogado, al señalar que esa ley establece que se debe reembolsar hasta tres veces lo pagado, intereses, daños y costos de abogados.

Entre los demandantes figura Evelyn Ortiz, una ponceña que alega haberse enterado en agosto pasado, al recibir su licencia para renovar el marbete, que había acumulado sobre $10,000 en 100 multas del AutoExpreso.

La mujer dijo que cuando acudió a reclamar “me atendieron no muy cortésmente”. Argumentó que aunque ha intentado reclamar esas multas, se resignó a pagar la mensualidad de su carro “para tenerlo frente a la casa”, ya que no ha podido renovar el marbete.

Los otros pleitos de clase que se radicarán, según el abogado García Franco, son para incluir a aquellas personas que tuvieron que entregar su auto al banco tras detectar en sus licencias para sacar el marbete las multas, para incluir a personas que supuestamente les han cobrado cargos fantasmas, a personas que tras una reclamación les han borrado parte de las multas y otras no, así como para denunciar de forma civil que empleados de Transcore Atlantic han ofrecido cancelar multas a cambio de dinero.

El licenciado indicó a este diario que estos pleitos se radicarán entre este mes y marzo próximo.

Cualquier persona que interese unirse al pleito de clase puede obtener más información a través de la página cibernética pleitodeclaseautoexpreso.com.