La jueza laboral María Inés Correa Cerqueira de la ciudad de Paulinia, en el estado de San Pablo, exigió a las empresas que depositen una garantía de US$ 500 millones para atender a los afectados, a la espera de un fallo definitivo en el proceso que enfrentan por "daños morales colectivos", dijo este lunes una fuente de la Fiscalía.

 

Cerqueira también aceptó incluir a más demandantes en el proceso. De 772 que había inicialmente pasaron a 1.142, señaló la fuente que habló bajo reserva. El grupo angloholandés Shell y el alemán BASF fueron demandados hace cinco años por la contaminación en una fábrica en la ciudad de Paulinia, cerrada en 2002.

 

En un comunicado, Shell dijo que acatará la decisión, si bien criticó que "fueran incluidas en la lista de beneficiarios de asistencia médica personas que no comprobaron tener algún vínculo con las empresas".

 

Los ex trabajadores aseguran haber manipulado durante mucho tiempo químicos que les causaron graves problemas de salud. "Se realizaron pruebas que determinaron que hubo contaminación del agua, del aire y del suelo, y que a causa de eso muchas personas sufrieron cáncer y problemas de tiroides. Ya contabilizamos 61 muertos", dijo la fiscal del caso, Clarissa Ribeiro, a finales de mayo.

 

La justicia laboral falló a favor de los afectados en primera y segunda instancia y ordenó a las empresas que asuman los gastos de los tratamientos médicos. El caso fue apelado y está en manos del Tribunal Superior de Trabajo, en Brasilia, que deberá emitir un fallo definitivo en un plazo no determinado. Shell fue propietaria de la planta entre 1974 y 1995, cuando la vendió a la la empresa Cyanamid. El líder mundial en productos químicos BASF adquirió la fábrica en 2000.