El Vocero

La aprobación de PROMESA incide hasta en los aspectos más simples de la vida en Puerto Rico. Tan simples como ir a la farmacia y comprar un producto natural para bajar de peso o que ayude a prevenir el próximo catarro. La implementación de esta ley podría redundar en que el Departamento de Salud pierda la facultad de regular estos suplementos vitamínicos y productos naturales.

Cuando se estaba discutiendo PROMESA en el Congreso de Estados Unidos, megacadenas de productos naturales como GNC y otras supuestamente intervinieron para que en el proyecto se dejara sin efecto una orden que firmó la secretaria de Salud, Ana Ríus en febrero.

La orden, que lleva meses sin causar mayor revuelo, regula la manera en que se venden los productos naturales en Puerto Rico, exige unas pruebas de calidad e impone un importe a los que venden y distribuyen estos productos.

El propósito de la orden de Salud es evitar que prolifere aún más la venta de productos naturales que, por no estar regulados, muchas veces no tienen los ingredientes que alega la etiqueta o no son seguros para el consumo.

Lo que dice PROMESA, en su sección TK, es que el Grupo de Trabajo formado por congresistas deberá evaluar esta orden administrativa del Departamento de Salud.

El comisionado residente, Pedro Pierluisi, quien es miembro de este grupo, reveló que durante la aprobación de esta legislación, estas compañías cabildearon para que la orden fuera eliminada de un plumazo. El acuerdo, dijo, fue entonces que el grupo evaluaría el impacto de esta orden.

“Eso es algo que el Grupo de Trabajo tiene que discutir en su informe final. Está ahí porque GNC y otras compañías que venden suplementos dietéticos y de ejercicios se oponen a la orden administrativa que ellos entienden que es injusta”, dijo Pierluisi en declaraciones escritas.

“Un miembro republicano del Comité de Recursos Naturales ofreció una enmienda en la vista de consideración para prevenir que la orden entrara en vigor, la cual no fue aceptada. El compromiso fue que el Grupo de Trabajo estudiara el asunto. Ya nos hemos comunicado con el Departamento de Salud estatal para que explique su proceder de por qué adoptaron la orden, etcétera”.

La orden fue firmada en febrero de este año. Establece que las personas interesadas en vender y distribuir productos naturales deben estar registradas en la División de Medicamentos y Farmacias. Esto, debe incluir un certificado de calidad, información sobre el producto, certificado de un laboratorio y el número de registro con la Administración de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en inglés).

Este registro tiene un costo, según establece la orden de Salud, de $25 por cada tamaño de producto natural que se registre, $500 por dos años para los manufactureros de estos productos, $100 por dos años por certificado para distribuir productos naturales al por mayor y $50 para pagar por la inspección que hará Salud.

El naturópata Norman González Chacón, uno de los principales productores y distribuidores de productos naturales en la Isla, dijo que la orden de Salud es una buena idea “porque clasifica los productos y revisa que tengan el sello de ´Good Manufacturing Practices´”.
González Chacón aseguró que los 45 productos que tiene en el mercado cuentan con este sello y están registrados en Salud. Reconoció que este no es el caso con un gran número de productos naturales de venta en las megacadenas de productos naturales y otras tiendas naturales.

“En Puerto Rico hay miles de productos fuera de ley”, dijo González Chacón. “Yo creo que la orden administrativa de Salud no es mala, si se cumple con su propósito. Creo que la regla es buena porque saca del mercado a productos que no están certificados y que no cumplen. A veces no tienen ni el producto que anuncian en la etiqueta”.
Al cierre de esta edición, Salud no devolvió llamadas.