El Vocero

En medio de los retos económicos que enfrenta la industria automotriz en Puerto Rico, la reciente intervención del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) en los concesionarios ha levantado desconfianza sobre el sector, que según sus representantes ya está agobiado por las altas imposiciones que también contribuyen a la reducción en ventas.

El efecto no sólo lo sienten los distribuidores y concesionarios de autos, ya que la caída en ventas igualmente impacta de manera significativa los recaudos de Hacienda, situación que la industria había indicado al gobierno, antes de que oficializara medidas como la llamada Patente Nacional.

Según los estimados del sector, una merma en ventas de 6% le reduce al erario unos $26 millones en recaudos. Sin embargo, la reducción en ventas ya supera el 8%, lo cual significa una cantidad mayor de dinero que deja de llegar al Fondo General.

Concesionarios de diversas áreas de la Isla coincidieron en no tener problemas en que las agencias gubernamentales fiscalicen sus establecimientos, pero objetaron la forma en la que entraron recientemente los oficiales del DACO. Dijeron que hubo un montaje mediático que contribuyó a crear desconfianza entre los consumidores y los aleja de los concesionarios. Añadieron que esto incrementa la compra de autos en la calle, sin las garantías que ofrecen los ‘dealers’ oficiales.

 

Pedro Benítez, presidente de la Asociación de Concesionarios y Distribuidores (PRADA) sostuvo desconocer cuál es la agenda del DACO, la cual tildó de nebulosa. Enfatizó que en las innumerables presentaciones en los medios de comunicación, el titular del DACO, Nery Adames, aconsejaba a los consumidores a no comprar productos, servicios o seguros que se ofrecen en los concesionarios, sin conocer las razones por las cuales se ofrecen y obviando el detalle de que al final del día, es el consumidor el que decide que productos o bienes adquiere.

“Ningún concesionario obliga o impone ningún producto o servicio a un consumidor si este no lo desea. Nosotros responsablemente les orientamos de los beneficios del producto o servicio como en cualquier otro establecimiento se hace. Nuestros negocios están en ley y no nos preocupa que se nos fiscalice, lo que nos preocupa es que se levante una percepción errada de que queremos timar al consumidor”, manifestó Benítez.

En el caso de Charlie Vaillant, presidente de Triangle Dealer Corporation, uno de los concesionarios que fue impactado por DACO, dicha intervención ha mermado el tráfico de clientes a su establecimiento y eso se traducirá en menos ventas, en momentos cuando la industria esta tan herida. Aseguró que se ha sentado con el DACO para discutir lo que ellos necesitan de los concesionarios y nunca se le había indicado que tuviesen que colocar un precio final de venta en los autos que muestran, ya que el precio sugerido de ventas colocado en los cristales puede incrementar o mermar acorde con innumerables factores que van desde un ‘trade in’ hasta descuentos del manufacturero, y el crédito del consumidor, entre otros.

 

“Intentar que se coloque un precio final de ventas pudiese ser perjudicial para los clientes, ya que tenemos que poner un precio que contenga todas las contingencias, aunque muchas de ellas no tengan nada que ver con un cliente en particular. Siempre hemos cumplido con todo lo solicitado, no obstante entraron a nuestro concesionario con todo un show montado estando presentes clientes, lo que genera una percepción muy peligrosa que termina alejando a los compradores”, expresó Vaillant.

Respecto a la alegada venta de seguros innecesarios, aclaró que todos los concesionarios tienen dentro de la instalación varios agentes de diferentes compañías de seguro para facilitar el servicio al cliente. Si el cliente posee su agente se comunican directamente con el mismo. Explicó que la determinación del tipo de seguro que se requiere los exige el banco acorde con el riesgo, y no lo impone el concesionario.

En este particular, el presidente del Grupo Unido de Importadores de Automóviles (GUIA), José Ordeix, entiende es de mucha preocupación la forma y manera en que Adames se ha conducido ante los establecimientos, ya que genera desasosiego para los consumidores, a la vez que afecta el ambiente de negocio.

“En momentos como los que enfrentamos necesitamos un Gobierno cooperador que permita reactivar la economía en vez de entorpecerla. No nos oponemos a la fiscalización si se hace de forma responsable y sin manchar la imagen de los concesionarios”, sostuvo Ordeix.

 

Joel Bonet, gerente general de Toyota del Oeste, opinó que la estrategia abona muy poco a levantar la industria, ya que genera una percepción de engaño que aleja a los consumidores.

Aclaró, que en estos momentos la industria no necesita más bombardeos errados ya que el problema de las ventas no necesariamente es cuestión de crédito, empírica, ahorro o capacidad de pago, sino de temor ante un futuro que no saben cómo llegará producto de la incertidumbre económica.

Aclaró que basado en esa realidad, el consumidor es uno más analítico, conoce lo que desea y hace comparaciones a través de varios concesionarios y la Internet, por lo cual va con cautela a la hora de comprar un vehículo.

“Ante el mero temor de que puedan ser engañados van a optar por buscar otras opciones como arreglar sus vehículos y esto repercute en merma en ventas”, resaltó Bonet.

Todos los componentes del sector coincidieron en que el Gobierno debe preocuparse por situaciones más graves como que en Obras Públicas, que tienen más de ocho meses de retraso en los traspasos de autos, o el fuerte deterioro de las carreteras que destruyen los vehículos.

Según el sector, el Gobierno de Puerto Rico es el socio mayoritario de la industria, ya que entre 60 y 70 centavos de cada dólar de ganancia en la industria pasa a sus arcas, una muestra de que son el sector más grabado en impuestos. Anualmente la industria aporta al erario público más de $400 millones, a la vez que genera alrededor de 20,000 empleos directos y sobre 50,000 indirectos.

 

Preocupada la banca con el impacto

Por otra parte, la banca tampoco ha visto con buenos ojos la situación. José Arbona, principal Oficial Ejecutivo de Reliable Financial Service, declaró que el sector financiero está en medio de todo esto, ya que en la medida en que se afectan los concesionarios, se reducen las ventas y sus principales clientes.

“Un ataque como este debilita a los concesionarios y empaña su imagen sin existir remedio legal alguno que revierta su impacto”, dijo Arbona.

En un sentido similar se expresó Carlos Power, presidente del comité de financiamiento de autos de la Asociación de Bancos, para quien la preocupación es mayor ante la fuerte incidencia de casos de fraude por la compra de autos en la calle sin que medie un concesionario certificado. Afirmó que la intervención del DACO, lo que puede provocar es un éxodo de consumidores de los concesionarios y levantar las transacciones en la calle, lo que a su vez incrementará los casos de fraude.