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  Por el libro
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13 de enero de 2012

El Nuevo Dia

El Centro Unido de Detallistas (CUD) logró que el Departamento de Hacienda cumpliera con la Ley de Flexibilidad Administrativa, al someter el pasado 10 de enero ante la consideración del Procurador de Pequeños Negocios un nuevo reglamento que fiscaliza el Programa de IVU Loto.

Esto ocurrió luego de que el CUD radicara un interdicto en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para obligar a la agencia a cumplir con la Ley 454, mejor conocida como Ley de Flexibilidad Administrativa.

"Hoy, cuando fuimos al Tribunal nos topamos con la noticia de que, tan reciente como el pasado martes, Hacienda entregó el nuevo reglamento de IVU Loto al Procurador de Pequeños Negocios, según dispone la Ley 454", expresó Ignacio R. Veloz, presidente del CUD.

"De manera que para nuestros comerciantes es una victoria, ya que conseguimos que se atendiera nuestra petición sin tener que emprender un proceso judicial", señaló Veloz, quien agregó que el CUD radicó este interdicto luego de varios intentos infructuosos para que la agencia cumpliera con la Ley.

Por su parte, Alberto Fuertes Masarovic, abogado que representa al CUD en este caso, indicó que lo que procede ahora es que el CUD y demás entidades comerciales sometan su escrito de recomendaciones y hallazgos del nuevo reglamento, lo antes posible, para que el Procurador lo incluya en su análisis de flexibilidad administrativa. Para ello, debe haber un proceso de vistas públicas en la Oficina del Procurador del Ciudadano, conforme a la Ley 454.

Veloz añadió que "el reglamento pasado tenía varias deficiencias, que esperamos que se hayan corregido en esta ocasión, para que el comerciante pueda completar el proceso de venta y captación del IVU sin complicaciones".

Mencionó como algunas de estas deficiencias la falta de evidencia por las transmisiones de venta que llegan a Hacienda, la incapacidad del sistema de proveer un cuadre de las ventas al final del día, multas de $20,000, si el sistema no está instalado aunque esté exento de la retención del IVU y la pobre orientación a los comerciantes por parte de funcionarios de Hacienda.