31 de enero de 2012

El Nuevo Dia

Si bien es cierto que las estructuras abandonadas e inservibles son un dolor de cabeza para los ciudadanos, el procedimiento que han tenido que seguir los municipios, antes de la nueva ley, para declararlas estorbos públicos es largo y tedioso, que ha tomado años.

“Es un proceso bien engorroso”, dijo el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera hijo. El problema está en que los municipios no pueden salir fácilmente de estas estructuras porque son propiedades privadas. Primero tienen que hacer todos los esfuerzos para localizar al propietario a través de agencias públicas y edictos, entre otros mecanismos que disponen la ley y las ordenanzas municipales.

No siempre dan con alguien, pues algunos propietarios han muerto o residen fuera de la Isla. Hay casos en que dan con el dueño, pero éste no se hace cargo de la propiedad. Esta lucha la tiene el alcalde bayamonés con una residencia abandonada en la calle 50 de la urbanización Sierra Bayamón.

Rivera lleva cerca de cuatro años tratando de declararla estorbo público, pero cada vez que realiza las gestiones aparece el dueño y detiene el proceso. “Ha sido una lucha porque el dueño limpia la propiedad, pero luego se desaparece, y uno tiene la presión de los vecinos”, dijo Rivera.

Durante una visita a la urbanización se constató que esa casa está vandalizada, no tiene puertas ni ventanas, tiene la verja rota y una alta maleza alrededor. Según el alcalde, la casa ha sido escondite para malhechores que asaltan a los que caminan por el lugar. Dijo que también es utilizada por desconocidos para sostener relaciones sexuales.

Otro escollo que enfrentan los municipios es que si el propietario no realiza las labores de limpieza, esa tarea la tiene que asumir el ayuntamiento.

“Para los municipios pequeños que tienen facultades económicas o presupuestos bajos es grande mantener estos estorbos porque es un proceso complejo. En la limpieza, si tiene que llevar equipo pesado, eso puede costar $3,000, más los gastos de llevar los técnicos todos los días al lugar, más los gastos administrativos”, dijo Iván Ayuso, director del Departamento de Permisos Urbanísticos de Carolina.

Según el alcalde Jorge Santini, San Juan ha tenido que clausurar o demoler estorbos públicos por el peligro que representan.

“En el 2001 intervenimos con dos casas. Habían múltiples querellas contra estas propiedades, y cuando intervenimos las tumbamos. Habían condones, animales muertos. Luego apareció el dueño”, manifestó Santini.

El alcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, ha tenido que colocar planchas de zinc y rejas en varias residencias abandonadas porque se convierten en hospitalillos de drogas.

Hasta a los tribunales han llegado estos casos, ha sucedido en el municipio de San Germán.

Pero ahora los municipios vez luz al final del túnel con una nueva ley que reduce dramáticamente el proceso para declarar estorbos públicos.

"Con la ley se notifica al propietario y si en 30 días no aparece, se declara estorbo público y el municipio puede expropiar”, dijo Rivera, quien reconoció que la ley necesita algunas enmiendas.

De hecho, el planificador José Santana dijo que si el estado adopta políticas correctas puede redesarrollar esas áreas donde hay viviendas ya construidas pues hay muchas personas que necesitan una vivienda.