7 de junio de 2016

Metro

En tiempos económicos difíciles, el Gobierno debería fijar su atención en capitalizar los activos del país, desarrollarlos y potenciarlos. Es lo más sensato y lo que a diario se reclama como la ruta que el país debería transitar.

Sin embargo, no es así. Cuando los intereses de grupos privados persuaden las ansias de legisladores, todo se torna sospechoso. Ese es el caso de lo que ha ocurrido con la empresa pública Prepa Networks (PrepaNet), que, aun cuando posee la infraestructura de fibra óptica más grande e importante de la isla, está siendo condenada a su fracaso.

Esta semana, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto originado en el Senado que establece una prohibición para que empresas públicas entren en el mercado de telecomunicaciones al detal bajo la premisa de que su participación en esa industria pondría en desventaja a las empresas privadas.

Los representantes de grupos privados saben que PrepaNet es un activo muy preciado y por eso quieren destruirlo limitando su crecimiento y expansión. Mas lo peor es que haya políticos que conspiren contra el interés del país y se presten a impulsar medidas que entrega en bandeja de oro los activos nacionales.

Originada en el 2003, PrepaNet es resultado de una enmienda a la Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) después que un estudio revelara que la inversión millonaria en fibra óptica realizada por la corporación pública en 1999 para mejorar su sistema de comunicación interna podía representar una buena oportunidad de negocio para la corporación pública.

Hasta entonces, solía ocurrir que grupos privados de la industria de las telecomunicaciones usaban la fibra óptica de la AEE para expandir sus negocios sin pagar lo que correspondía por su uso.

La alternativa gubernamental, acertadamente, fue crear una subsidiaria dentro de la AEE para manejar el mercado de fibra óptica del Estado pero, como suele suceder, sus posibilidades de crecimiento fueron frenadas por presiones de competidores privados.

A eso se suma la campaña de demonización que, desde la Legislatura, ha impulsado esta administración contra la AEE y que ha salpicado a PrepaNet, haciendo ver a esta entidad innecesaria para el impulso económico que necesitamos en tiempos de estrechez.

En términos generales, en el país hay desconocimiento sobre el valor de PrepaNet para las telecomunicaciones y su verdadero potencial de desarrollo si se le permitiera entrar como corresponden en el mercado al detal.

Surge, además, que las informaciones que circulan en los medios de comunicación, al tratar el tema de PrepaNet, tampoco aquilatan correctamente su valor, alimentando la idea de la inutilidad del Gobierno para manejar empresas de alto valor productivo.

Que quede claro, PrepaNet es dueña de los servicios más rápidos y modernos de telecomunicaciones en Puerto Rico, lo que implicaría que, en el mercado al detal, los puertorriqueños nos beneficiaríamos de tarifas más bajas en servicios de Internet y televisión digital en cable, además de un servicio más rápido y eficiente.

Las compañías privadas que operan en nuestro país y que controlan el 99 % del mercado de telecomunicaciones no tienen infraestructura para operar, dependen de PrepaNet y, lo que es peor, no están dispuestas a invertir en su propio sistema de fibra óptica.

Claro, así cualquiera. El Estado invierte y desarrolla la infraestructura tecnológica para que el sector privado la monopolice, disponiendo de ella a gusto y gana y alimentando sus arcas con ganancias que el Gobierno deja de recibir por su corto alcance en el mercado.

Lo peor es que, ante este hecho, existen legisladores que optan por proteger los intereses de grupos privados de la industria de las telecomunicaciones porque les resulta beneficioso a sus intereses personales.

Estos legisladores que han estado detrás del impulso y cabildeo de la propuesta de limitar el acceso de PrepaNet al mercado al detal traicionan al país. Muestran, además, qué intereses sopesan al momento de usar su poder legislativo. Su récord legislativo queda expuesto para que sea juzgado por los electores. Mientras, ahora la bola está en la cancha del gobernador.