2 de enero de 2025

Sherwood News

BAYAMÓN, PUERTO RICO — Carmen Del Valle La Luz hace malabares con su día: trabaja a tiempo completo en una una cooperativa de ahorro y crédito, lleva a sus dos hijas adolescentes a la escuela y a actividades extracurriculares, y cuida a dos perros y a un gato.

Los apagones constantes no hacen que su vida sea más fácil. La luz se va casi semanalmente en su casa desde que el huracán María azotó a la isla en 2017. Cada vez que eso ocurre, tiene que botar lo que compró en el supermercado y buscar un lugar en donde sus hijas puedan completar sus asignaciones, lo cual aumenta el estrés y la tensión entre la familia.

Del Valle La Luz vive en Bayamón, un municipio cercano a San Juan, que es la capital de la isla. Deseosa por solucionar los apagones en su casa, alquiló un sistema de placas y almacenamiento de energía solar, uno que estaba en proceso de instalación cuando Sherwood habló con ella a mediados de octubre.

“Yo he aprendido en estos pasados cinco años que vale más mi paz”, aseguró.

Del Valle La Luz se une a un grupo en crecimiento de puertorriqueños mudándose a la energía solar para no depender de una red de energía inestable. Precisamente, eso ha provocado la llegada de dos empresas cotizadas en bolsa y proveedoras de energía renovable que, en esencia, venden energía solar y a la misma vez le restan clientes a una corporación pública que necesita aumentar sus ingresos para pagar una deuda masiva.

Aún con la entrada de energía solar, la isla está en ruta al fracaso en cuanto a sus metas de energía renovable impuestas por ley.

Las empresas que proveen energía solar a nivel residencial han capturado la atención de los puertorriqueños frustrados con la red eléctrica decrépita, al inundar las autopistas con vallas publicitarias que promueven los sistemas solares y con representantes de servicio en busca de clientes hasta en los supermercados. Casi 10 por ciento de los hogares en Puerto Rico ahora tienen placas solares en sus techos, cifra que representa más del doble de la capacidad en las fincas solares que hay en la isla. Para propósitos comparativos, alrededor del 80 por ciento de ellas tienen baterías para almacenamiento, mientras que ese número es solo un 13 por ciento en los Estados Unidos.

Del Valle La Luz le pagaba a Luma, el operador privado de la transmisión y distribución de energía en Puerto Rico, entre $200 y $280 al mes. Sin embargo, bajo su contrato de 25 años con el proveedor de energía solar residencial Sunrun, ahora paga $173.64 al mes, sujeto a un aumento de dos por ciento cada año. El costo incluye el alquiler de 17 paneles y baterías de almacenamiento Tesla.

Luma Energy, un consorcio entre Quanta Services, con base en Houston, y Canadian Utilities Limited, comenzó a operar en Puerto Rico en junio de 2021. Bajo su administración, los apagones han sido más largos y más frecuentes, de acuerdo a informes periódicos que la empresa entrega al Negociado de Energía de Puerto Rico. Luma no envió declaraciones para esta historia.

Mientras que eso ha expandido la acogida de sistemas solares a nivel residencial, el acceso es limitado en las comunidades más pobres y rurales de la isla, debido a los requerimientos de puntuación de crédito para obtenerlos y el bajo retorno de inversión para los hogares que consumen poca cantidad de energía. Los apagones en las áreas rurales tienden a ser más severos, porque la vegetación presenta un reto para el mantenimiento de las líneas de transmisión en las áreas montañosas.

Tres compañías solares —Generac Power Systems, Sunnova, y Sunrun— fueron seleccionadas en primera instancia para recibir un total de $400 millones por parte del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico del Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE, por sus siglas en inglés), una subvención anunciada el año pasado para mejorar el acceso de puertorriqueños más pobres a la energía solar. Generac no respondió a una petición de información. En una declaración escrita, Sunnova dijo que había “implementado con éxito algunos sistemas” en Puerto Rico, pero que no tenía “más detalles para compartir en estos momentos”.

Sunrun se retiró del programa y el DOE se negó a explicar las razones.

Compañías como Sunrun y Sunnova son, en esencia, firmas financieras

Sunrun y Sunnova suelen unirse con otras empresas, o terceros, que se encarguen del mercadeo y las ventas puerta a puerta. Según quejas radicadas ante el Negociado de Mejores Negocios (BBB, en inglés) y el Departamento de Asuntos del Consumidor de Puerto Rico, esa práctica ha resultado en anuncios engañosos a los clientes, debido a la comisión lucrativa que los vendedores pueden ganar.

Las compañías luego compran los paneles o placas a los manufactureros, muchos de ellos ubicados en China, y las baterías a empresas como Tesla y Sunbeat. A menudo, el sistema finalmente es instalado por un contratista externo. En el caso de Del Valle La Luz, el contratista fue una empresa local: Maximo Solar.

Lo que resta son los préstamos, alquileres y créditos contributivos.

A través de los años, los arrendamientos de sistemas solares han incrementado en popularidad en los Estados Unidos, lo cual es beneficioso para empresas como Sunrun y Sunnova, porque el alquiler les permite retener la titularidad de los sistemas y los créditos contributivos asociados a ellos.

La mayoría de las placas solares son hechas en China. Pocas son hechas por estadounidenses y, aunque al momento ninguna es hecha en Puerto Rico, una empresa anunció recientemente que abrirá una fábrica en la esquina noroeste de la isla, en un espacio que le pertenecía a Hewlett Packard y que manufacturaba cartuchos de tinta. La empresa, llamada SolX, es un nuevo negocio liderado por dos ex ejecutivos de Sunnova.

Un contrato Sunrun.

El Crédito Fiscal Federal por Energía Solar Fotovoltaica, por ejemplo, cubre el 30 por ciento del costo de un sistema solar y la cantidad puede ser descontada de las contribuciones de una empresa o un individuo. Compañías como Sunrun y Sunnova pueden reclamar créditos contributivos por los sistemas que alquilan y luego venderlos a los inversionistas a cambio de dinero en efectivo. La mayoría de los puertorriqueños no tienen acceso a estos créditos contributivos, porque no radican planillas a nivel federal.

De acuerdo a sus reportes de ganancias durante el segundo trimestre de este año, Sunrun y Sunnova alegaron haber vendido $227.6 millones y $149.1 millones, respectivamente, en estos créditos.

Sin embargo, ese dinero no necesariamente reduce el costo del producto para quienes alquilan los sistemas, según Lauren Rosenblatt, cofundadora de Barrio Eléctrico. Su organización, con sede en el municipio costero de Isabela, provee sistemas solares accesibles, en parte a través de una entidad que puede retener créditos contributivos y transferirlos a los residentes.

“Cuando Sunrun y Sunnova vienen y proveen sistemas a las personas con poder adquisitivo, cobran los mismos precios y márgenes de ganancia sin el crédito fiscal, y entonces usan el crédito contributivo y eso es un gran beneficio para ellos”, aseguró Rosenblatt.

Antes de la Ley de Reducción de Inflación de 2022, la única forma en la que compañías solares podían monetizar sus créditos contributivos era mediante la venta de una participación accionaria de los sistemas a inversionistas de capital fiscal, que suelen ser bancos. Esos acuerdos todavía son comunes.

Este modelo fue lo que le dificultó a Sunrun el poder cualificar para el dinero del DOE, ya que es requisito que la agencia federal también tenga una participación accionaria en los proyectos. Sunnova, con sede en Houston, se negó a contestar preguntas sobre la estructura de propiedad entre personas o entidades involucradas en sus proyectos subvencionados por el DOE.

La monetización de incentivos contributivos por energía renovable en el año 2024 podría exceder los $40,000 millones, según Crux, una empresa de servicios financieros que facilita negocios relacionados a incentivos contributivos.

Sunrun y Sunnova también fusionan alquileres y préstamos y los venden a inversionistas como valores respaldados por activos. El próximo grupo de valores respaldados por activos (ABS, en inglés) de Sunnova consiste en 11,643 sistemas solares de techo en Puerto Rico, de acuerdo a un informe sometido por la empresa.

El año pasado, las transacciones solares ABS alcanzaron un récord de $4,300 millones en total y están en ruta a lograr otro récord en el 2024, conforme a la firma analista Wood Mackenzie.

Los préstamos solares son considerados “principales”, porque típicamente requieren una alta puntuación crediticia, lo que para los inversionistas es una apuesta segura. Del Valle La Luz necesitaba subir su puntuación de crédito a 650 —sacando nuevas tarjetas de crédito y asegurándose de pagarlas a tiempo— para que le aprobaran el alquiler de Sunrun.

Una utilidad en quiebra raspa el caldero por liquidez

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha estado en bancarrota desde 2017, pocos meses antes de la entrada del huracán María. Tiene unos $10,000 millones en reclamos de acreedores, de los cuales $8,500 millones son adeudados a bonistas, que incluyen firmas de corretaje de Wall Street con bolsillos profundos.

Entre ellos, se encuentran fondos de inversión libre como Angelo Gordon y BlueMountain Capital Management, quienes compraron la deuda de la AEE por un bajo costo y ahora solicitan un retorno de inversión mayor. Los bonos municipales de Puerto Rico están exentos de impuestos, lo cual los hace llamativos para inversionistas y fácil para que la isla siga endeudándose.

La AEE sugirió un pago a los acreedores de $2,600 millones, basándose en estimados de cuánto dinero pudiera generar a raíz de aumentos razonables a la factura residencial de los puertorriqueños.

“Cada dólar que le paguemos a los acreedores, es un aumento en la factura que la AEE tiene que hacer”, afirmó Matthias Rieker, portavoz de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (Junta o JSAF), entidad que maneja la quiebra de la corporación pública.

Según la AEE, un hogar puertorriqueño típico no puede invertir más del seis por ciento de su ingreso en energía, así que su plan de pago propuesto está basado en ese aumento máximo. Sin embargo, dado que el ingreso promedio en Puerto Rico es de $25,621, las ganancias de un aumento “razonable” no fueron suficientes para los bonistas, quienes recurrieron a los tribunales para asegurar una recompensa mayor.

Los residentes de Puerto Rico ya pagan alrededor de 25 centavos por kilovatio hora, comparado a los 16.41 centavos por kilovatio hora que pagan los estados de Estados Unidos. Eso significa que los puertorriqueños, por lo general, pagan alrededor de 50 por ciento más por energía que aquellas personas en los estados de la nación.

Durante una vista en julio, la jueza Laura Taylor Swain, quien preside el proceso de bancarrota, dijo que los bonistas son “ampliamente agresivos en su ataque” y que están “probablemente delirando”, ya que las ganancias no satisfacen sus exigencias.

En su informe anual más reciente, la AEE aseguró que esperaba ganancias de $3,900 millones para el año fiscal 2024, o lo mismo que $1,000 millones menos que en el año previo, en parte por la movida ciudadana a la energía solar.

La Junta demandó a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para revertir un proyecto de ley que extiende la medición neta a los clientes de energía solar residencial hasta el 2031. La medición neta permite que los puertorriqueños obtengan créditos por parte de la AEE por el exceso de energía que le devuelven al sistema, a la vez que es uno de los subsidios gubernamentales de energía solar accesible al cliente promedio.

La medición neta promueve la energía solar residencial, lo cual significa menos ingresos para la corporación pública y “podría impactar la viabilidad” del plan para pagar su deuda, según la demanda de la Junta. Si hay menos contribuyentes, eso significa que la AEE tendría que aumentar los costos de la energía a un porcentaje más alto con el fin de pagar su deuda, de acuerdo a Rieker.

La Junta subrayó que es el Negociado de Energía de Puerto Rico, no la Legislatura, quien debe analizar y decidir qué pasará con el programa de medición neta de la isla.

La realidad es que la Junta quiere asegurarse que a los bonistas se les pague, según David Ortiz, director de programa en Puerto Rico de Solar United Neighbors, una organización sin fines de lucro que promueve las cooperativas solares.

“Han visto que 120,000 personas se han movido a la energía solar y tienen miedo que no le van a poder pagar a los bonistas”, exclamó Ortiz.

Sharon Cedeño Natal vive en Adjuntas, un municipio al interior montañoso de la isla. Es dueña de Colmado Alto de Cuba, que también sirve de “chinchorro”, o negocio en donde las personas se congregan para ingerir alimentos y compartir.

Sus clientes son principalmente hombres mayores del vecindario que beben cerveza Coors Light o Medalla, mientras juegan al dominó.

“Aquí eres psicóloga, doctor, todo”, afirmó Cedeño Natal.

Antes de conseguir un sistema solar con la ayuda de una organización sin fines de lucro local, experimentó apagones constantes que a veces le costaron $2,000 en pérdida de alimentos, como carne, huevos o mantecado. Gastaba $40 al día para comprar el combustible que necesitaba su generador de emergencia.

“Ahora ni cuenta nos damos” cuando se va la luz, según la vendedora, hasta que los vecinos, algunos con medicamentos refrigerados como insulina, llegan al negocio para usar sus neveras y enchufes.

Solía pagar alrededor de $500 al mes a la AEE. Ahora que es dueña de un sistema solar, es la corporación pública la que le debe créditos por la energía que suple al sistema. Sin la medición neta, Cedeño Natal tendría que pagar por estar conectada a la red, aunque no reciba energía de ella.

“Los incentivos se le dan a las empresas, pero no al pueblo”, señaló Arturo Massol, director ejecutivo de Casa Pueblo, la organización sin fines de lucro que ayudó a Cedeño Natal a obtener su sistema solar.

La isla está retrasada en sus metas de energía limpia

Tres días después del huracán María, la compañía neoyorquina y de gas natural New Fortress Energy, acudió a la AEE para comenzar a discutir cómo podrían formar parte de la recuperación energética de la isla, afirmó su principal oficial ejecutivo Wes Edens en una llamada con inversionistas el pasado mayo.

El año pasado, Genera PR, una subsidiaria de New Fortress, fue contratada por un período de 10 años para manejar las plantas de generación de la AEE.

Genera ha insistido en la conversión a gas natural de más plantas generatrices, lo cual beneficia a su compañía matriz, según Tom Sanzillo, director de finanzas del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, en inglés), un centro de investigación estadounidense que se identifica como no partidista.

“Ellos tienen un conflicto de intereses claro y directo y nunca debieron haber sido escogidos”, dijo Sanzillo, quien fue contralor del Estado de Nueva York.

A la misma vez, Puerto Rico está retrasado en su meta ambiciosa de energía renovable. En 2019, la Legislatura y el Gobernador dieron paso a la Ley 17, la cual afirma que, en 2050, Puerto Rico dependerá en su totalidad de energía renovable, con una meta preliminar de 40 por ciento, a cumplirse en 2025.

Al presente, el consumo de energía renovable en la isla se encuentra en nueve por ciento, un alza comparada con el 2022 según estimados de IEEFA, año en que la cifra estaba en seis por ciento. El total actual se divide entre: siete por ciento a nivel residencial y comercial, y dos por ciento en energía renovable a escala de servicios públicos.

No obstante, el DOE aseguró en un informe a principios de año que la isla podía alcanzar la meta. El informe toma en consideración la adopción de energía solar en los techos, pero también asume que habrá un aumento en el uso de energía renovable por parte de su corporación pública.

Mientras que la energía solar residencial se ha elevado, la red de Puerto Rico todavía no genera energía solar a gran escala, aunque algunos planes han sido propuestos. El uso de fincas solares para generación a gran escala también ha enfrentado oposición de algunos ambientalistas y agricultores, quienes afirman que esos terrenos pudieran usarse enteramente para el cultivo de la tierra.

Wood Mackenzie, la firma analista de energía renovable, pronostica que 5 gigavatios de capacidad solar serían sumados a Puerto Rico en la próxima década, pero solo 440 megavatios provendrían de servicios públicos.

“La poca inversión en la infraestructura de transmisión, el lento proceso de permisos, la poca disponibilidad de espacio y la resiliencia limitada de la red restringen el crecimiento esperado del segmento proveniente de servicios públicos”, escribió un analista de Wood Mackenzie.

El director de desarrollo de New Fortress, Brannen G. McElmurray, le dijo a analistas en mayo que la empresa esperaba “que la isla sea propulsada simplemente por gas natural, con energía solar y baterías como suplementos”.

“Y ese será el futuro de Puerto Rico”, continuó McElmurray, al añadir que “nuestra empresa está perfectamente posicionada para ser receptora de este crecimiento y nuestro trabajo es impulsar esa transición lo más rápido posible. Lo que hace a Puerto Rico único, es que hay completa alineación entre nuestra estrategia, la política pública y la pura economía de lo que sucederá”.

Puerto Rico no produce gas natural, petróleo o carbón. También está sujeta a la Ley Jones, que exige que la mercancía transportada entre puertos de los Estados Unidos tiene que ser a bordo de embarcaciones construidas, tripuladas y propiedad de manos estadounidenses. No existen buques cisterna de gas natural licuado que cumplan con esa ley, por lo que la isla queda excluida del suministro doméstico de gas natural y está obligada a recurrir al gas foráneo, que es más caro y proveniente, principalmente, de Trinidad y Tobago.

La AEE firmó un contrato de $1,500 millones con New Fortress Energy en 2019 para transformar una planta de diésel en una de gas natural, que sería provisto mediante un terminal construido en el Puerto de San Juan. Sin permisos aprobados por las agencias reguladoras, New Fortress estrenó el terminal en San Juan hace un año.

Más temprano este año, la AEE usó dinero de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para comprarle a New Fortress generadores temporeros de 350 megavatios que utilizan gas natural licuado, por un costo máximo de $306.06 millones.

Genera está en busca de aprobación de la agencia reguladora para quemar gas natural en sus plantas de Mayagüez y Palo Seco. El terminal de gas de New Fortress está cerca de Palo Seco.

No es solo que el impulso de la AEE al gas natural retrasa las metas de energía renovable de la isla, sino que también mantiene a la economía subordinada a empresas extranjeras, según Massol de Casa Pueblo.

Muchos apuntan a que la economía de Puerto Rico sufre por el hecho de que gran parte del dinero gastado en la isla no se queda ahí. Eso es cierto, ya sea que alguien pague su factura de energía a la empresa de servicios públicos ahora privatizada o a los proveedores de energía solar.

Según Massol, “dentro del contexto colonial de Puerto Rico, hay quienes aspiran a simplemente una transición energética renovable y les pagamos por el sol a los Tejanos. Eso sería el mismo modelo, pero cambiamos de tecnología”.