2 de julio de 2020

CyberNews

La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG), informó este miércoles, que muchas de las agencias y corporaciones públicas no tienen sus reglamentos actualizados y en diversos casos, son obsoletos y no están de conformidad a nuevas leyes aprobadas, según un estudio realizado.

En el estudio se recopila información de 107 entidades gubernamentales al 31 de diciembre de 2019, bajo la jurisdicción de la OIG y se evaluaron áreas críticas como:  reglamentación o procesos de contratación, compras y subastas, propiedad y equipo, entre otros.

De los resultados se desprende que, en la evaluación de los reglamentos de compras, al menos 31 entidades no han establecido reglamentos o procedimientos internos para el manejo de compras. Unas 51 entidades gubernamentales no tienen reglamentos actualizados por un período mayor de 5 años. Esto, a pesar de que existe nueva legislación que impacta directamente este tema como lo es, la Ley Número 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico” (LPAU).

De acuerdo con este estatuto, al 30 de junio de 2018, las agencias tenían el deber legal, en lo pertinente, de actualizar los procedimientos para la aprobación de reglamentos, y de ser necesario, conformar sus reglas o reglamentos que establezcan los procedimientos formales de reglamentación y adjudicación, a tono con las disposiciones de la mencionada ley y se requiere que las agencias revisen sus reglamentos cada cinco (5) años.

Los procedimientos o reglamentos internos que puedan adoptarse son la base para una estructura de controles internos efectiva y evitar la corrupción pública, pues la herramienta para que los empleados gubernamentales tengan las guías o reglas que deben seguir al momento de ejecutar y realizar sus labores.

Otra de las áreas críticas es la de propiedad y equipo; de acuerdo con los resultados al menos 47 entidades gubernamentales no han establecido sus reglamentos o procedimientos internos para el manejo de la propiedad y equipo. De otra parte, 40 entidades no los habían actualizado en un periodo mayor de cinco años. Solo, 20 entidades tenían los mismos actualizados.

En el tema de la contratación gubernamental, una de las áreas más críticas a posibles esquemas de fraude o mal uso de fondos públicos, resultó que 55 entidades no tienen reglamentos o procedimientos internos para la contratación de servicios profesionales. Unas 25 entidades no han actualizado sus procesos en más de 5 años, y solo 27 entidades tienen sus procesos actualizados. En torno al tema de servicios profesionales y consultivos tanto la Ley Número 1-2012, según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”, como la Ley Número 2-2018, según enmendada, conocida como “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, han establecido nuevas disposiciones que impactan directamente los requisitos para la contratación de recursos, entre otras leyes recientemente aprobadas.

A pesar de que existe una iniciativa establecida en el Gobierno conocida como “Dale Tijera”, mediante la Orden Ejecutiva 2018-09, que busca identificar regulaciones ineficaces u obsoletas y llevar a cabo una revisión exhaustiva de las mismas, las entidades gubernamentales no han podido completar los procesos de evaluación de sus reglamentos y atemperarlos a las leyes vigentes, haciendo que, en muchos casos, los mismos sean obsoletos o inservibles.

Entre las recomendaciones que se detallan en el estudio, la OIG establece la necesidad de que los jefes de agencia o las autoridades nominadoras de las diferentes entidades de Gobierno completen la fase de revisión de sus reglamentos y así mismo deroguen aquellos que ya no son cónsonos a las nuevas leyes vigentes.