4 de enero de 2016

El Vocero

La economía de Puerto Rico reflejó una disminución de 0.5% en el Índice de Actividad Económica con respecto a hace un año, un patrón que los economistas consultados proyectan que perdurará en 2016, cuando la población cumpla una década de estar sufriendo los embates de la recesión.

“El 2016 promete unas circunstancias más graves de las que experimentamos en 2015”, advirtió el economista Argeo Quiñones, al aludir a la intensificación de medidas de austeridad, que suponen más contribuciones, más cargos y menos gasto público.

Con esta proyección, coincidió el presidente de Estudios Técnicos, Joaquín Villamil, quien aseguró que hay consenso de que no habrá crecimiento económico hasta el año fiscal 2018. A corto plazo, dijo que no es mucho lo que se puede hacer para revertirlo.

Aseguró, sin embargo, que para el año fiscal 2017 (que inicia en julio de 2016), es posible un crecimiento modesto si se toman medidas para simplificar el sistema contributivo y estimular mayor actividad municipal y local, así como mayor inversión mediante las Leyes 20 y 22, que otorgan exenciones contributivas para estimular la exportación y la inversión. El gobierno comisionó a Estudios Técnicos analizar el impacto de estas leyes que, según Villamil, son “instrumentos” válidos, aunque no constituyen un modelo económico coherente.

Quiñones opinó, en cambio, que el modelo económico de Puerto Rico tiene tantas “válvulas de escape” que pese a toda la inversión económica que ha habido desde 2006, cuando comenzó la recesión, ha sido insuficiente para alcanzar el crecimiento. El economista calcula que entre 2006 a 2014 se han inyectado más de $40 mil millones a la economía puertorriqueña, que nadie sabe a dónde fueron a parar. El desglose incluye $15 mil millones por los bonos de COFINA garantizados por el IVU, un estímulo federal de $1,200 millones que otorgó la administración Bush en 2008, un estímulo de Obama bajo Fondos ARRA de $7 mil millones, un estímulo federal que recibió el Banco Popular y Firstbank para comprar activos tóxicos de $1,000 millones, el plan Fortuño con un estímulo de $500 millones, y el Obamacare bajo el cual se asignaron $7 mil millones para mejorar los servicios de salud.

Por todo lo anterior, el economista se mostró escéptico con las ayudas que pueden provenir del gobierno federal. “La idea de que arreglos por parte del gobierno federal resolverían parcial o totalmente la crisis en Puerto Rico es incorrecta en la medida que no se efectúen cambios estructurales”, precisó.

La cantidad inmensa de subsidios que otorga el gobierno ha sido precisamente una de las críticas constantes de un sector, entre los críticos Quiñones. “Los recursos que tenemos, que son limitados, cuando los utilizamos para subsidiar las actividades del sector privado, y no somos lo suficientemente organizados para exigir unos objetivos económicos favorables”, indicó.

El economista llamó la atención sobre las repercusiones sociales que esto acarrea, las cuales no se pueden desligar de ninguna discusión económica. En síntesis, la calidad de vida y las condiciones de igualdad disminuyen, lo cual provoca a su vez malestares de violencia como los que han ocurrido en días recientes. “Es un gran manto de pesimismo que se cierne sobre la sociedad”, lamentó.

Por otro lado, rechazó la discusión simplista de achacar los problemas económicos al status político, ya que “esta crisis es autoinfligida”. “Es el resultado de decisiones de política económica adoptadas por los dos partidos de gobierno hace más de medio siglo”, dijo en referencia al Partido Popular Democrático y Partido Nuevo Progresista que nos han gobernado desde hace setenta años.

La administración García Padilla había presentado, en mayo de 2014, como parte de su agenda de recuperación económica una proyección de un crecimiento de 2% para 2018 a través de una inversión público privada de $12,000 millones, que no especificó de dónde provendrá. Los principales proyectos de infraestructura que ha intentado promover el gobierno en esa dirección, son la Ciudad de las Ciencias ($39 millones), la extensión de la ruta PR 22 ($1,000 millones), la institución correccional de mujeres ($133.7 millones), Roosevelt Roads ($1,000 millones) y el Terminal Marítimo para Gas Natural en Aguirre ($267 millones).