El Vocero
Ante la pérdida significativa en el valor de los bonos del Estado Libre Asociado (ELA), las cooperativas podrían quedarse con parte de su capital comprometido en reservas, lo cual les impediría repartir dividendos a sus socios en el segundo trimestre de 2014.
Esta situación mantiene con alta preocupación a los líderes cooperativistas, quienes en 2009 recibieron el llamado urgente del gobierno para que invirtieran en los bonos del ELA, compra que superó los $1.3 mil millones y ahora están “bajo agua”.
Según estimados preliminares del presidente de la Corporación de Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC), Daniel Rodríguez Collazo, la pérdida en libro, no realizada, y que las cooperativas deben registrar en sus informes financieros de este año, podrían acercarse a los $300 millones.
“Las cooperativas no necesariamente van a reflejar una situación seria. Mi exhortación es que mantengan sus bonos y no los vendan”, sostuvo el Presidente de COSSEC. “Siempre y cuando no se vendan no hay preocupación, pero si alguien le hace falta liquidez y necesita vender, eso es otra cosa”.
Rodríguez Collazo, confirmó que la junta rectora de la entidad trabaja en un nuevo reglamento provisional para reducir el impacto en las reservas requeridas a las cooperativas ante la pérdida. Tras el cierre de año en diciembre, las cooperativas realizan sus asambleas después de abril cuando reparten dividendos de ganancias entre los socios.
Según fuentes del sector cooperativo, aunque existe diálogo con COSSEC como regulador del sector, necesitan que el reglamento que se apruebe temporalmente sea lo más flexible posible. Al presente se les podría requerir un 20% de sus ganancias en reserva, pero Rodríguez Collazo propuso reducir esa cantidad de manera escalonada y con topes variables según el nivel de pérdida y riesgo.
El llamado de los presidentes de cooperativas es que no se les exija mantener el 20% en reserva porque esto dejaría a las cooperativas más pequeñas y con menor solvencia sin la capacidad para poder repartir dividendos entre sus socios. El efecto de esta situación es que podría provocar una fuga de socios en algunas cooperativas al no recibir el resultado líquido de su inversión, según dijeron.
“Aquí se está formulando un reglamento que tiene una visión diferente del gobierno, pero esperamos que se pueda llegar a un acuerdo”, expresó un presidente de cooperativa, que prefirió no revelar su nombre.
Rodríguez Collazo explicó que de las 116 cooperativas financieras (ahorro y crédito), a unas 80 les tendrían que aplicar el reglamento al exceder el nivel de pérdidas en sus inversiones, y por eso se decidió flexibilizarlo. El reglamento temporero estimará solo la pérdida en inversiones y no otras áreas como la liquidez y la morosidad, para establecer la cantidad de reserva requerida.
Otro presidente de cooperativa indicó que “si el gobierno viene a nosotros a buscar ayuda cuando se aprietan, pues que no nos aprienten porque esto lo perdimos por sus bonos”.
De otra parte, las cooperativas, a las cuales les transfirieron la realización de préstamos hipotecarios a beneficiarios de los Sistemas de Retiro, ante la insolvencia de los planes de pensión, también sienten el impacto de tardanzas en los pagos. El gobierno garantiza esos pagos al retenerlos de los salarios a los empleados públicos, pero luego tarda en enviarlos a las cooperativas y se refleja un aumento en la morosidad.
“Esto ha sido un problema y ya se están haciendo gestiones con una programación informática”, manifestó Rodríguez Collazo.