12 de abril de 2016

El Vocero

La administración de Alejandro García Padilla ha subido de tono en cuanto al endeudamiento “inescrupuloso” por las emisiones que se realizaron sin fuentes de repago, pero la directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario, sostuvo que confía plenamente en los mecanismos que existen bajo su jurisdicción para evitar el conflicto de intereses en las emisiones de deuda.

La secretaria de la gobernación, Grace Santana, confirmó a EL VOCERO la semana pasada que la administración de Alejandro García Padilla estudia la viabilidad de radicar cargos contra los funcionarios y las instituciones financieras con cuya recomendación se endeudó a Puerto Rico, a sabiendas de que no habían fuentes de recaudo para repagar la deuda.

“Eso no se descarta”, contestó Santana a preguntas de este rotativo, luego de expresar que bajo la administración de Luis Fortuño se concedieron “inescrupulosamente” líneas de crédito al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) sin contar con fuente de repago.

La “Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico” firmada por el gobernador precisamente ordena al Departamento de Hacienda y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) asignar $2 millones para las operaciones de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público.

La auditoría de la deuda pública arrojaría luz sobre las entidades que recomendaron esas emisiones, el uso que se le dio a los fondos y si se excedió o no los límites constitucionales.

La deuda pagadera en mayo de $435 millones en principal e intereses fue emitida bajo la administración de Fortuño en 2011 cuando Juan Carlos Batlle era presidente del BGF.

En lugar de usar el capital para invertir en desarrollo económico, la emisión se usó “para propósitos corporativos generales, incluyendo pero no limitado a aumentar la cartera de inversiones, la concesión de préstamos y la compra de obligaciones del Estado Libre Asociado y sus corporaciones públicas, instrumentalidades y municipios”, según lee el documento de emisión que contó con la opinión legal de McConnel Valdés LLC y de Squire, Sanders & Dempsey LLP.

Participaron como suscriptores de esa emisión de $650 millones, las firmas financieras BofA Merill Lynch; Goldman, Sachs & Co., UBS Financial Services Incorporated of Puerto Rico, Popular Securities, Santander Securities y FirstBank Puerto Rico Securities.

De la compra de $650 millones en bonos de inversión, ya se pagaron $250 millones en 2014. Sobre la otra cantidad de $400 millones de principal y $35 millones en intereses pagadera en un mes, el gobernador declaró: “no tenemos el dinero para hacerlo y no vislumbramos cómo tenerlo”.

Como complicación adicional esta deuda fue emitida por mercados de bono internacionales fuera de la jurisdicción de Estados Unidos como Francia, Alemania, Hong Kong, Kazajistán, Noruega, Singapur, Suecia, Suiza y Reino Unido.

A preguntas de la prensa, la secretaria de la gobernación, dijo que no tenía información sobre providencias que se estuvieran tomando para atender la deuda del mercado internacional.

Tanto los presidentes legislativos como el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, y la secretaria de la gobernación han coincidido en que el impago de $435 millones que se avecina es producto de “préstamos inescrupulosos sin fuente de repago”, así como notas emitidas a corto plazo, pagaderas a cinco años en lugar de 30 años.

El presidente de la Cámara, Jaime Perelló, adjudicó a Batlle que el BGF haya dejado de ser un ente de desarrollo económico. “Cuadraban los préstamos y las operaciones de las corporaciones públicas y del gobierno de Puerto Rico con pagarés”, denunció.

Junto a la responsabilidad del gobierno en calidad de emisor, caen también las firmas suscriptoras que adquirieron la emisión de valores municipales del gobierno de Puerto Rico para su reventa. Parte de su deber es certificar que la emisión está respaldada por activos para garantizar su repago.

Una revisión de los instrumentos de emisión de deuda reveló que Puerto Rico tiene alrededor de 70 jugadores que se reparten turnos para participar como suscriptores de la deuda, entre los cuales UBS Financial Securities, Banco Popular y Santander tuvieron roles principales al participar de ganancias que rondan $700 millones por ofrecer ese servicio.

Líderes sindicales y políticos del ala liberal han llamado a auditar el crédito público para entre otras cosas, revisar la participación que tuvieron estas entidades al proponer y beneficiarse de las emisiones que condujeron al endeudamiento de Puerto Rico.

Bajo la presidencia de Batlle se autorizaron 21 emisiones en un período de 19 meses. Su hermano, Fernando Batlle, quien también ocupó la vicepresidencia del BGF, con un total de 45 emisiones entre ambos, que totalizan $35 mil millones, aunque la mitad fue para refinanciar deuda vieja por lo cual la deuda neta del cuatrienio fue de $16 mil millones.

El gobernador ha señalado como responsables de la crisis fiscal al mercado de valores estadounidense y a las administraciones de Fortuño y Aníbal Acevedo Vilá, que en solo ocho años duplicaron la deuda emitida en 60 años, según cálculos de García Padilla.

Bajo el cuatrienio de Acevedo Vilá, en tan solo cuatro años se hicieron emisiones de deuda que totalizaron $32 mil millones. Jorge Irrizarry -Herrans, uno de los presidentes del BGF que nombró -pues tuvo dos- venía también del sector privado, específicamente de PaineWebber Incorporated, que participó en una ganancia de $50 millones como suscriptor.

En el caso de Batlle, provenía del Banco Santander. Su hermano fue vicepresidente ejecutivo del BGF de enero de 2009 a febrero de 2011 y varios meses luego de cesar sus funciones fue contratado por Santander.

Todas las emisiones durante este periodo fueron suscritas por este banco.

A preguntas de EL VOCERO, Batlle contestó que “cualquier cuestionamiento de moralidad es infundado, y responde meramente a ataques personales y de índole político que no merecen mayor discusión o consideración de mi parte más allá de lo aquí expuesto”.

Aclaró, no obstante, que las emisiones se realizaron por un sindicato de bancos compuesto por hasta 12 instituciones locales e internacionales que se encargaban de estructurar, suscribir y vender dichas emisiones en el mercado de bonos municipales, y que se creó un Comité Independiente de Selección de Sindicatos de Valores, aprobado por resolución de la Junta de Directores del BGF y con el aval de la OEG para evaluar los casos donde pudiese participar el Grupo Santander. Batlle no era miembro de ese comité independiente.

En la vista más reciente, celebrada el 25 de febrero de este año, Batlle indicó que permitir la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, tendría un efecto colateral en los mercados de bonos municipales y los bancos. Habló también a nombre de los puertorriqueños y puertorriqueñas para asegurar que la población ve positivamente la imposición de una junta de control fiscal.

Batlle dirige ahora CPG Island Servicing, una entidad vinculada con Goldman Sachs, que ha participado de una ganancia de $542 millones por costos relacionados a la participación de siete emisiones de bono.

Tal como otros de los funcionarios que emitieron esa deuda a nombre del pueblo de Puerto Rico, Batlle ahora trabaja en el sector bancario y financiero con quienes le correspondía pactar tales emisiones, una asociación acostumbrada en el gobierno. Vínculos similares han reflejado otros funcionarios como la actual presidenta, Melba Acosta, cuyos expatronos R-G Investments y McConnell Valdés participaron de una ganancia de $91 millones y $14 millones respectivamente. Por su parte, el expresidente del BGF, Javier Ferrer, vino del bufete Pietrantoni Mendez & Alvarez LLC que ha participado de una ganancia de $20 millones en emisiones.

La directora de la OEG defendió el mecanismo de las inhibiciones sin las cuales dijo que “nadie podría venir a estas posiciones en el gobierno porque de alguna forma u otra su vida profesional pudiera tener un impacto en la vida pública”.

Recordó a su vez que se ha reducido el sector bancario en Puerto Rico por lo que la relación del gobierno con la banca privada cada vez es más complicada con una marcada concentración de unos jugadores financieros.

Sin embargo, Rosario le dio la bienvenida la Comisión de Auditoría porque “nunca antes se había creado una agencia separada” para inspeccionar la deuda de la Isla.

“Le tengo una recomendación: si se encuentran con escollos que acudan a los tribunales porque lamentablemente hay jefes de agencia que no quieren dar acceso a la información”, expresó Rosario.

La Ley de Ética Gubernamental establece en su Artículo 4.6 que un ex servidor público no puede tener un cargo o interés monetario con un negocio sobre al que favoreció o contrató durante el año anterior a la terminación de su empleo. También especifica que el ex servidor público no puede ofrecer información o asesorar a un negocio sobre las acciones en las que intervino mientras ocupaba el cargo.