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  Por el libro

5 de octubre de 2021

BBC

Las Islas Vírgenes Británicas (IVB) solamente cuentan con unos 36.000 habitantes, pero tienen más de 400.000 empresas. Un promedio de 18 compañías por persona.

Dicho así, uno podría imaginar que este pequeño territorio británico -cuya extensión apenas suma unos 153 kilómetros cuadrados- estaría cubierto de rascacielos y fábricas humeantes donde habría una incesante actividad económica.

En lugar de eso, lo que hay son playas idílicas y empresas de papel. Y es que las IVB son consideradas como uno de los mayores paraísos fiscales del planeta que, como dice el periodista Will Fitzgibbon, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), "atrae por igual a corporaciones legítimas, celebridades, multimillonarios y criminales".

Esa también es la razón por la cual cada vez que estalla un escándalo internacional sobre los fondos desviados hacia paraísos fiscales, el nombre de las Islas Vírgenes Británicas llega hasta los titulares de la prensa.

Eso es justo lo que acaba de ocurrir con la más reciente filtración de información financiera publicada por el ICIJ, conocida como los Pandora Papers.

Se trata de una filtración de casi 12 millones de documentos que revelan riqueza oculta, evasión fiscal y, en algunos casos, lavado de dinero, por parte de algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo.

Los datos fueron obtenidos por el ICIJ que ha estado trabajando con más de 140 organizaciones de medios, incluyendo el equipo del programa Panorama de la BBC. Durante meses, más de 600 periodistas en 117 países han estado revisando los archivos de 14 fuentes distintas encontrando historias que se publicarán esta semana.

En esta ocasión, una de las historias relacionadas con las Islas Vírgenes Británicas se refiere al registro de una empresa registrada allí que ha sido beneficiaria de una multimillonaria operación de bienes raíces para demoler los antiguos cines de la era soviética en Rusia para construir en su lugar centros comerciales.

iStories, una página de periodismo de investigación rusa que participó en la investigación de los Pandora Papers, descubrió que detrás de esta compañía se encuentra Konstantin Ernst, el presidente del mayor canal de televisión estatal de Rusia.

Konstantin Ernst, presidente del mayor canal de televisión estatal de Rusia, aparece mencionado en los Pandora Papers.

Ernst registró esa compañía en 2014, el mismo año que él estuvo a cargo de organizar las ceremonias de apertura y cierre de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi.

En su respuesta al ICIJ, Ernst señaló que no ha cometido (y que no prevé cometer) nada ilegal, pues "así es como sus padres lo educaron".

De tierra de bucaneros a paraíso fiscal

Ubicadas en el Caribe oriental, las Islas Vírgenes Británicas están integradas por cuatro islas grandes y 32 islas e islotes más pequeños, de los cuales unos 20 están deshabitados.

Descubiertas por Cristóbal Colón en 1493, estas islas fueron ocupadas por el Imperio español en el siglo XVI, bajo cuyo control estuvieron por poco tiempo. Para 1648, la Tórtola, la mayor de las islas, estaba ocupada por bucaneros holandeses.

Pocas décadas más tarde, cayeron bajo control del Imperio británico, que en 1773 permitió la formación de un gobierno civil local, la creación de un consejo legislativo parcialmente electo y el establecimiento de cortes constitucionales.

En 1960 se convirtieron en una colonia de la Corona y, en 2002, en un territorio británico de ultramar, por lo que sus habitantes disfrutan de la ciudadanía británica.

El explorador, marinero y corsario Sir Francis Drake es una de las figuras históricas vinculadas con las IVB.

Las IVB comenzaron a adoptar en la década de 1970 una legislación que las convertía en un destino para las inversiones offshore y en un paraíso fiscal.

Parte de su atractivo radica en su sistema fiscal.

"Las IVB casi no tienen impuestos: no tienen un impuesto sobre la renta que sea efectivo, ni impuestos a las ganancias de capitales, ni impuestos a las herencias, ni impuestos a los regalos, ni impuestos a las ventas o al valor agregado", destaca al respecto la ONG británica Tax Justice Network.

"Recauda ingresos principalmente a través del impuesto a los salarios, a la propiedad de tierras, así como distintas comisiones. Este es un patrón clásico de "paraíso fiscal" de obtener pequeñas cantidades de dinero de un gran número de transacciones y depender de los lugareños para pagar las facturas", agregan.

Su otro gran atractivo reside en las facilidades que ofrecen para crear de forma barata y simple empresas de papel que permiten a sus propietarios mantener sus nombres fuera de la vista pública.

Hay muchas razones válidas por las que una persona puede querer que no se conozca que es dueña de determinadas inversiones, por lo que esta oferta de discreción resulta atractiva tanto para inversores legítimos como para aquellos que no lo son.

Más "inversión extranjera" que Alemania

Este esquema de atracción de inversiones ha resultado bastante rentable, al punto que este tipo de servicios financieros y corporativos generan el equivalente a la mitad de los ingresos fiscales, a la par del turismo, la otra gran fuente de financiamiento del país.

En 2019, las Islas Vírgenes Británicas recibieron unos US$57.997 millones en inversiones extranjeras directas, de acuerdo con cifras de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Los ciudadanos de las Islas Vírgenes Británicas son súbditos de la Corona y ciudadanos británicos.

Formalmente, ese monto las coloca por delante de economías desarrolladas como Canadá, Alemania y Francia. No obstante, por tratarse de inversiones en papel, su impacto real sobre el país es mucho menor.

La aparición de las IVB en los Pandora Papers, en realidad, no es una sorpresa, pues ya en 2016 en torno a la mitad de las casi 250.000 empresas offshore establecidas por el bufete Mossack Fonseca y reveladas en los Panama Papers estaban registradas en este territorio británico de ultramar.

En 2018, una investigación de la BBC reveló que compañías registradas en las IVB eran propietarias de una cuarta parte de las propiedades en Inglaterra y Gales que pertenecen a compañías extranjeras.

"El archipélago caribeño es la sede oficial de empresas que poseen 23.000 propiedades, más que cualquier otro país", señaló la BBC al destacar que ese hallazgo contribuía con los temores de que ese territorio británico esté siendo usado para evadir impuestos.

La implicación de las IVB en distintos escándalos financieros en el pasado llevó a que en 2013 Lord Oakeshott, un reconocido político británico, dijera que estos territorios "manchan el rostro de Reino Unido".

Esos escándalos también han llevado a mejoras en los mecanismos de transparencia en los últimos años y a una mayor cooperación de las autoridades de esos territorios con la comunidad internacional para hacer frente a los problemas de evasión fiscal.

Sin embargo, las facilidades para mantener lejos de la vista pública la información sobre los propietarios de estas compañías offshore parecen facilitar la ocurrencia de irregularidades.

La ONG británica Tax Justice Network critica la política de las IVB de "no preguntar" y de "no ver el mal" a la hora de facilitar el registro de empresas, que, según señala, permite a sus dueños ocultarse detrás de una suerte de apoderados para lograr un secretismo aún mayor así como el establecimiento de compañías de forma fácil y a bajo costo.

"Esta supuesta eficiencia en el registro se ha traducido en una carta blanca para las compañías de las IVB para ocultar y facilitar todo tipo de abusos y delitos alrededor del mundo", apunta la ONG.

Pese a todo, la cooperación de las Islas Vírgenes Británicas con las autoridades de otros países ha permitido a este pequeño territorio en el Caribe permanecer fuera de la lista de paraísos fiscales "no cooperativos" que elabora la OCDE.

Eso, claro está, no significa que las políticas de paraíso fiscal de las IVB no tengan un impacto en la evasión fiscal.

De acuerdo con estimaciones del Tax Justice Network, las Islas Vírgenes Británicas son responsables de una pérdida global de impuestos equivalentes a unos US$37.500 millones cada año.


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